La mayoría de las medidas antidroga aprobadas en 1991 son papel mojado

La palabra droga se repitió hasta la saciedad en el otoño de 1991. Al estallido vecinal por la marginación de los barrios más castigados siguieron sesiones extraordinarias del Ayuntamiento y la Asamblea regional de Madrid sobre el problema. Pero de los acuerdos tomados entonces, en pleno fragor de la protesta ciudadana, pocos se han cumplido. Uno de los principales: invertir 50.000 millones de pesetas en tres años para paliar la desigualdad social en los distritos del sur ha empezado a caminar, pero con bastante menos dinero que el previsto.

El plan de los 50.000 millones tiene un nombre largo, Oficina de Cooperación para Actividades Preferentes, y empezó a funcionar en enero. Este año debiera contar con unos 15.000 millones. Pero ni el Ayuntamiento ni el Gobierno central van a poner un duro. La Comunidad va a aportar 1.609 millones específicos para este plan y otros 4.641 a través de inversiones de las diferentes consejerías en Carabanchel, Latina, San Blas, Vallecas (Puente y Villa), Vicálvaro, Villaverde y Usera. El acuerdo -aprobado por la Asamblea de Madrid el 24 de octubre de 1991 con el apoyo de IU y el PSOE y el voto contrario del PP- era que las tres administraciones financiarían este proyecto a partes iguales en un plazo de tres años.

El cesto de la oficina está lleno de proyectos vecinales, y también existen siete planes -denominados pomposamente programas estrella- elaborados por el equipo de esta oficina dirigida por el antiguo gerente del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), y ex dirigente vecinal, Miguel Ángel Pascual.

De ejecutarse, podrían impulsar aquellos distritos a los que van dirigidos. El problema es que casi todos requieren una gran colaboración entre administraciones y fuertes presupuestos. Cosas difíciles de conseguir.

De los siete proyectos, sólo uno ha bajado del mundo de las ideas a la realidad. Consiste en ampliar el horario de los colegios de 7.30 a 9.30 de la mañana y con actividades creativas por la tarde para prevenir ese 50% de fracaso escolar que azota al sur. La experiencia ha funcionado durante dos meses en siete centros duros. Ahora la pretensión es extender la a otros colegios en septiembre.

Los otros seis ambiciosos e imaginativos planes son: abrir un corredor verde de 29 kilómetros en los bordes de la M-40; reconvertir la finca de Vista Alegre, en Carabanchel, que la Comunidad tiene dedicada a residencias de ancianos, en una zona de equipa mientos de alto nivel; poner en marcha el metrorock, un local de ensayos musicales, en la futura boca de suburbano del Alto del Arenal vallecano; construir una estación ferroviaria en el Madrid-Sur; crear dos cámaras económicas y celebrar una olimpiada infantil.

Cartilla del toxicómano

En aquel histórico pleno los diputados regionales también aprobaron crear una cartilla del drogodependiente para que los heroinómanos puedan recibir un tratamiento con opiáceos bajo control médico. Y decidieron ampliar el actual programa de metadona. Ni una ni otra medida se han llevado a cabo aún. El único centro que suministra metadona en la región está en Moratalaz y dispone de 230 plazas, un número insuficiente. El objetivo del Plan Regional de Drogas es ampliar el programa a otras 400 personas mediante un autobús. La posible creación de una cartilla sanitaria para yonkis todavía está en negociaciones.

La Asamblea se comprometió también a una negociación entre instituciones para habilitar unidades de desintoxicación en todos los hospitales de la región y centros de atención al drogadicto (CAD) en todos los distritos. En los hospitales de Madrid hay sólo 16 camas para estos casos y, salvo el CAD de Hortaleza, abierto en 1992 con otro nombre, no se ha inaugurado ninguno más en dos años.

Los acuerdos del pleno municipal extraordinario del 14 de febrero de 1992 tampoco han corrido mejor suerte. Una de las decisiones fue extender el funcionamiento de los equipos de zona -reuniones de profesionales- a todos los distritos. Dos años después sólo existen en la mitad de los barrios.

Tampoco ha mejorado la coordinación entre los planes regional y municipal de drogas. A la comisión antidroga siguen sin poder asistir la mayor parte de asociaciones de barrios. Y el mercado de flores para gitanas, una de las medidas más vistosa y difundida, lleva dos años pendiente de que el consistorio defina un emplazamiento.