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Rodríguez Colorado critica la política de vivienda municipal y estatal

El consejero de Política Territorial, José María Rodríguez Colorado, arremetió ayer contra actuaciones en materia de vivienda del Ayuntamiento de Madrid y de varios departamentos de la Administración central. Especialmente por no ofrecer suelo para casas sociales. Luego, el consejero se mostró conciliador al propugnar un consorcio que mejore la situación en determinados planes de nueva creación -sólo tres de los seis que quiere el Ayuntamiento- y recupere el centro de la ciudad. La Comunidad anunció ayer una ampliación en 3.000 millones de los 57.000 presupuestados este año para el Pacto por la Industria.

La virulencia de Rodríguez Colorado contra los responsables de varios ministerios sorprendió ayer al consejero portavoz del Gobierno regional, Jaime Lissavetzky, que intervino para matizar las expresiones de su compañero. El responsable de Política Territorial comenzó su exposición sobre el problema de la vivienda achacando al Ayuntamiento la falta de disposición a la hora de facilitar suelo para viviendas sociales. Hasta ahí, ningún problema.Rodríguez Colorado especificó incluso que el Ayuntamiento no propone proyectos y que la Comunidad realiza o proyecta más casas protegidas en municipios de la periferia (27.400) que en Madrid (8.000). El consejero lanzó un guante al Ayuntamiento para ratificar un pacto institucional por la vivienda, pero expresó también sus condiciones.

Política Territorial tiene la potestad de permitir o vetar los planes de actuación urbanística (PAU) del Ayuntamiento para el crecimiento futuro de la capital. La Comunidad sólo apoyará tres de los seis PAU en marcha (San Chinarro, Las Tablas y Carabanchel) y rechazará los otros tres (Monte Carmelo, Arroyo del Fresno y Vallecas).

El consejero está dispuesto a permitir en las tres primeras zonas -porque sí tendrán infraestructuras de transporte- 30.000 nuevas viviendas, pero no las 54.000 que quiere el municipio. Sostiene que son suficientes si se tiene en cuenta que en los solares programados como urbanizables en el Plan General de 1985 sólo se construyeron 10.000. El grupo municipal socialista rechaza todos los PAU mientras no se liquide el suelo libre y calificado del anterior Plan para 90.000 viviendas.

El consejero fue tajante también en el tipo de vivienda que propugna para esos planes: 33% de protección oficial, 33% de precio tasado (5,5 veces salario mínimo) y 33% libres. El 15% de esos aprovechamientos revertirá en las administraciones para viviendas en alquiler. Rodríguez Colorado defiende, además, que hay que recuperar las 16.000 infraviviendas actuales del casco histórico y es partidario de tirar casas y abrir nuevas calles y plazas "para esponjar".

Lissavetzky cambió de gesto cuando Rodríguez Colorado decidió enviar varios mensajes claros a la Administración central sobre el grado de cumplimiento del decreto de vivienda firmado hace año y medio por el ministro de Obras Públicas y Transportes, José Borrell. Primero valoró lo bien que había funcionado la financiación. Luego cuestionó la nula respuesta del compromiso de entregar suelos públicos para usos sociales.

"Aquí hay suelos de Renfe, de Patrimonio del Estado y del Ministerio de Defensa, pero hasta ahora no nos han ofrecido ni un metro cuadrado", señaló. Además, reclamó una fiscalidad que penalice las viviendas vacías y prime las casas en alquiler. Indicó, por ejemplo, que Renfe le pide en el Pasillo Verde Ferroviario un cambio de calificación de oficinas a viviendas, pero para que todas sean de precio libre.

Todas estas ideas partieron de una conferencia de prensa convocada para informar sobre las iniciativas del Gobierno regional para reactivar el Pacto por la Industria firmado por la Comunidad hace seis meses con los sindicatos y los empresarios. Este acuerdo se valoró entonces en 310.000 millones de pesetas de inversión a cuatro años, 57.000 en este su primer ejercicio.

Joaquín Leguina presidirá a partir de ahora una comisión que aglutinará el esfuerzo de todas las consejerías para superar la actual crisis industrial. El presupuesto regional ha sido retocado para incluir 1.500 millones más de ayuda a las pequeñas y medianas empresas y otros 1.500 se buscarán en negociaciones con bancos y cajas de ahorro.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 6 de julio de 1993

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