Las constructoras compensarán 100.000 millones que les debe el Estado con el impago de impuestos

Las constructoras prevén compensar este año unos 100.000 millones de la deuda estatal mediante el impago de impuestos. La última puesta al día del importe total de la deuda arroja unos 800.000 millones de pesetas. Esta cifra se mantiene constante, aunque en su desglose se aprecia un notable cambio respecto a los deudores. En estos momentos, la mayor deuda depende de las comunidades autónomas, seguida de la Administración central y las corporaciones locales. Obras Públicas y Transportes se ha comprometido a eliminar sus deudas con las constructoras este mismo año

La práctica totalidad de las compañías constructoras y la Administración central llevan varios meses poniendo en práctica un interesante acuerdo: Reducir deuda mediante el impago de impuestos. Con esta práctica, que también están utilizando sociedades de otros sectores como el farmacéutico, los constructores prevén descontar unos 100.000 millones de pesetas de la deuda actual, según confirmaron tanto fuentes empresariales como de la Administración.Este canje está respaldado por el real decreto 1684/90 de 20 de noviembre que completa el Reglamento General de Recaudación y se efectúa con cargo al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y al Impuesto de Sociedades.

Con esta medida se pretende paliar los efectos que la deuda de las administraciones están proyectando sobre las empresas, algunas de las cuales han optado por la suspensión de pagos. Sin embargo, cuenta con la cortapisa de que sólo se puede efectuar con la Administración central, ya que el control fiscal del resto de las administraciones es muy reducido.

Los últimos cálculos de las empresas cifran la deuda de las administraciones en unos 800.000 millones de pesetas. La cantidad global ofrece escasas novedades respecto a la que se viene arrastrando en los últimos meses. Lo que llama la atención es el cambio de titulares de la deuda. Hasta ahora, era el Estado quien más adeudaba a las constructoras: casi la mitad del total.

De acuerdo con los datos actualizados que manejan las compañías, los máximos deudores han pasado a ser las comunidades autónomas, con un total de 350.000 millones de pesetas. La Administración central, con 275.000 millones, y las corporaciones locales, con otros 175.000 millones, completan la deuda global de 800.000 millones.

Dentro de la deuda de la Adiministración central, la parte correspondiente al MOPT -entre 80.000 y 100.000 millones, según el departamento-, será cancelada a lo largo de este ejercicio. El subsecretario del MOPT, Antonio Llarden, señaló que "a partir de finales de 1993, la constructoras sólo tendrán la deuda flotante propia de cualquier tipo de obra. Una deuda que prácticamente estará compensada con los adelantos que otorgamos a los constructores".

Baja temeraria

Este constante nivel de deudas se ha traducido, a causa de la crisis y la menor actividad, en un aumento del tiempo que se tarda en pagar, y que ahora se sitúa cerca de los nueve meses.

La crisis ha provocado, además, un encarnizado pulso obra por obra que ha propiciado espectaculares bajas en los precios a los que las empresas acuden a una obra pública. Fuentes empresariales señalan que ha habido casos en los que las bajas han superado, incluso, el 50%. Otras, aún reconociendo esta situación, aseguran que en la mayoría de los casos esa diferencia se subsana a medida que se completa la obra con los consiguientes reformados.

De cualquier forma, empresarios y Administración están trabajando en poner un tope a las bajas que se proponen en los concursos públicos. La idea más extendida es establecer lo que se denomina baja temeraria. Dicho tope se fijaría en el 5% por debajo de la baja media de las efectuadas por todas las empresas. Es decir, que si al abrir todas las ofertas se produce una baja media del 30%, todas las ofertas que contemplen una baja superior al 35% serán rechazadas por "peligrosas". Los constructores pretenden que la nueva legislación agilice los pagos de la Administración y oficialice un sistema de contratos homogéneo.