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El intacto poder de Fujimori

Tres años después, muchos peruanos olvidan los atropellos y la represión y aprueban a su autoritario presidente

El presidente de Perú, Alberto Fujimori, se aproxima a los tres años de mandato, que se cumplen el próximo 28 de julio, con un apoyo popular del 66%, según el sondeo mensual que realiza en Lima la empresa Apoyo. A pesar de la dureza del plan económico de ajuste, del golpe de Estado del 5 de abril de 1992, de los atropellos contra los derechos humanos y de su estilo de gobierno autoritario, dos de cada tres peruanos aprueban la gestión de Fujimori.No se advierte en el horizonte político peruano ninguna alternativa para Fujimori, quien, muy pronto, podrá disponer de una Constitución hecha casi a su medida, que le permitirá la reelección presidencial y la aplicación de la pena de muerte a los terroristas.

El analista político Enrique Obando describe a Fujimori como un "presidente teflón", porque todas las acusaciones le resbalan sin dejarle pegada la suciedad. Según Obando, "tras 10 años con un presidente pusilánime [Fernando Belaúnde] y un pillo [Alan García], nos encontramos con un presidente que tiene una estrategia antisubversiva, que no vacila en dar un golpe, que apresa a Abimael Guzmán [líder del grupo guerrillero maoísta Sendero Luminoso], que desmantela al MRTA [Movimiento Revolucionario Tupac Amaru] y derrota estratégicamente a Sendero Luminoso y tiene éxitos económicos".

Presidente popular

Para el sociólogo Sinesio López, la popularidad de Fujimori se debe a la existencia de una relación inversa entre el apoyo popular y la inflación y el terrorismo. La tasa de inflación del mes de junio en Perú se mueve en torno a un 2% mensual, la más baja de los últimos 16 años. Las cifras de muertes por violencia política indican un claro descenso respecto a los dos primeros años de mandato de Fujimori. El mes de mayo, emblemático para los terroristas de Sendero Luminoso porque conmemoran el "inicio de la lucha armada", ha registrado una caída considerable en el número de muertes por violencia política, si se compara con 1992. Este año murieron 47 civiles frente a 207 el pasado; cayeron 16 miembros de las fuerzas del orden contra 46 en 1992. Los 106 subversivos y narcotraficantes muertos de forma violenta son bastantes menos que los 160 del mismo mes de mayo de hace un año.

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Mientras Guzmán, el tristemente célebre Presidente Gonzalo, se pudre en una prisión subterránea de alta seguridad, sus seguidores se esfuerzan en recuperarse de los golpes recibidos. La mayoría de los dirigentes senderistas cayeron el último año. Apenas pasa una semana sin que la policía los presente a la opinión pública.

Los tribunales de jueces sin rostro los condenan en juicios sumarísimos a fuertes penas de cárcel con procedimientos que son sin duda un escarnio de las normas de un Estado de derecho, pero de lo que se trata es de "acabar de una vez con los terrucos", y para conseguir esto la norma aplicable parece ser el vale todo. Por si fuera poco, la nueva. Constitución, que se aprobará a marchas forzadas en el Congreso Constituyente Democrático (CCD), prevé la introducción e la pena de muerte para los terroristas. Dos de cada tres peruanos aprueban la medida, según las encuestas.

El sociólogo López analiza en la revista Quehacer el primer año del régimen de Fujimori tras el fujigolpe del 5 de abril de l 992, y titula el artículo con un expresivo De la dictablanda a la democradura. El título resume la evolución seguida por Fujimori y su Gobierno en el intento de conseguir una legitimación de la intervención que suprimió de un golpe el poder legislativo y judicial.

Los analistas políticos peruanos coinciden en reconocer que la popularidad de Fujimori ha permanecido casi intacta. Reconoce López el respaldo popular a medidas arbitrarias que violan los derechos humanos: "En todo caso, lo que es evidente es que los sectores sociales prefieren esas medidas, muchas de ellas arbitrarias y antidemocráticas, a la ineficacia y a la parálisis de los regímenes democráticos frente a la violencia terrorista. La desidia de los Gobiernos anteriores para combatir el desorden económico y político ha conducido a la opinión pública a optar lamentablemente entre la eficacia y la democracia".

Hernando de Soto, autor de la obra El otro sendero, que analiza el fenómeno de la economía informal en Perú, dirige en Lima el Instituto Libertad y Democracia, y en los primeros meses de su mandato asesoró a Fujimori en temas de narcotráfico. De Soto ha alcanzado estos días altas cotas de popularidad cuando calificó en un programa de televisión de "hijo de puta" a Mario Vargas Llosa, el novelista y candidato presidencial derrotado en 1990.

Falsa democracia

Para De Soto, "todos se dan cuenta de que la democracia no es tal, sobre todo las clases más pobres, que en Perú son el 95%. Para los pobres, la democracia no significa nada. El peruano medio tiene el mismo acceso al poder con Fujimori que con otro. El equilibrio de poderes y la democracia sólo benefician al grupo de blanquiñosos como yo". Añade el popular autor: "Los más pobres hacen lo de siempre con democracia o sin ella. No hay mecanismos de representación. Las democracias en América Latina son pésimas. No son democracias para el 95%, son sistemas electorales para determinar cada cinco años quién será el próximo dictador". Considera De Soto que el poder de un presidente electo en América Latina le convierte en un hombre con poderes casi dictatoriales.

El ex ministro de Economía Carlos Boloña cree que "la gente valora el acabar con la inflación como sea y que no se mienta". Explica Boloña que él no tenía reparo en reconocer que no tendría dinero a fin de mes para pagar a los empleados públicos, y el pueblo lo aceptaba y lo prefería a los engaños de siempre.

Boloña acaba de publicar un libro, Cambio de rumbo, donde relata su experiencia en el Ministerio de Economía, del que salió por los evidentes celos de Fujimori hacia su creciente popularidad. El estilo autoritario de Fujimori no admite que nadie le haga sombra o adquiera un protagonismo excesivo. A esta característica de Fujimori se atribuye el traslado fulminante del general Ketín Vidal, el hombre que mandaba la Dirección Nacional contra el Terrorismo (Dincote) cuando la detención de Guzmán. La elección del general Vidal como hombre del año resultó insoportable para Fujimori y lo trasladó a un oscuro puesto policial.

Establece Boloña la comparación entre la situación en julio de 1990, cuando Fujimori llega a la presidencia y se encuentra con la herencia de García, y hoy: "La sensación era que no había salida, nadie lo podía arreglar y se perdía la guerra contra Sendero. Hoy día hay una realidad de orden. La inflación se bajó del 7.000% al 57%, que es la tradicional. Las reservas monetarias aumentaron de menos de 100 millones de dólares a unos 2.400 millones. El déficit público, que era de un 16% del producto interior bruto (PIB), bajó al 2,5%. La presión Fiscal subió de un 4% del PIB, que no alcanzaba para pagar los sueldos, a un 9,5%. Las pérdidas de las empresas públicas bajaron de 1.400 millones de dólares a 200. La inversión extranjera era de 15 millones de dólares en cinco años, es decir, nada, y ahora, incluidas las privatizaciones, se llegará a 600 millones de dólares (78.000 millones de pesetas) en tres o cuatro años.

A pesar de estas cifras, Boloña señala que estabilizar la economía va a costar tres años, cinco años llevar adelante las reformas y los frutos se cosecharán en 10. "Esto no es cosa de seis meses. Todavía falta muchísimo".

La política militar, el punto flaco

La política militar ha sido el punto flaco de la gestión de Alberto Fujimori, quien ha tenido que superar varias crisis, con un intento de golpe incluido, protestas públicas de generales retirados, dimisiones y destituciones de altos mandos, que han dejado un fuerte malestar en las filas del Ejército peruano.El experto militar Enrique Obando distinguía entre militares leales cooptados por Fujimori, los institucionalistas opuestos y los institucionalistas leales. La política militar de Fujimori, según Obando, ha conseguido dejar a dos grupos enfrentados dentro del Ejército, sin dejar uno intermedio que pudiera actuar de colchón para evitar choques.

Los medios de comunicación y congresistas de oposición reciben con frecuencia comunicados anónimos firmados por Comaca [Comandantes, mayores, capitanes] o León dormido, en las que se denuncian situaciones internas del Ejército, crímenes y atropellos contra los derechos humanos. Estos anónimos son un síntoma del malestar reinante en el interior de la oficialidad.

El pasado 13 de noviembre, ese descontento estalló en forma de tentativa de golpe de Estado, 14 días antes de las elecciones para el Congreso Constituyente Democrático (CCD). Los militares golpistas se consideran leales a la Constitución de 1979 y aseguran que pretendían restablecer el orden democrático quebrado por el fujigolpe del 5 de abril de 1992. La Constitución de 1979 establece el derecho a la insurgencia ante gobiernos ilegales.

Escándalos

Desde la tentativa de golpe del 13 de noviembre, los escándalos militares no han cesado. La maniobra de Fujimori de internar a los militares presuntos golpistas en la cárcel de Canto Grande, junto a terroristas y narcotraficantes, desencadenó una ola de solidaridad con los presos. Fujimori tuvo que afrontar una carta abierta firmada por todos los ex comandantes del Ejército. Algunos no repararon en realizar duras declaraciones y denunciar el papel del asesor presidencial en cuestiones de servicios secretos, Vladimiro Montesinos.

El papel de este ex capitán de artillería en la sombra le ha valido el mote de Rasputín. Muchos militares no perdonan a Montesinos su pasado de procesado por alta traición y expulsado del Ejército, que tenía prohibido el acceso a los cuarteles. Circulan toda clase de versiones sobre el poder de Montesinos con Fujimori. Unos aseguran que todo se debe a la inteligencia y al talento del asesor presidencial.

El general Alberto Arciniega se refugió en la Embajada de Argentina en Lima y salió al exilio. Unos meses más tarde, el general de ingenieros Rodolfo Robles se refugió en la Embajada de Estados Unidos y de allí salió al exilio en Argentina acompañado de toda su familia, con dos hijos oficiales. Robles denunció la existencia de un escuadrón de la muerte en el seno del Ejército que participó en dos matanzas. El general acusó a Montesinos y al comandante en jefe del Ejército Nicolás de Bari Hermoza como responsables de estos asesinatos.

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