La justicia guatemalteca procesara al vicepresidente como cómplice del autogolpe

Un tribunal de Guatemala abrió diligencias para enjuiciar al vicepresidente Gustavo Espina, pretendiente a la máxima magistratura del país, como cómplice del autogolpe que interrumpió el orden legal de esta república centroamericana durante una semana. La propuesta de procesamiento partió del ministerio público guatemalteco.

Cuatro días después de la caída de Serrano, Guatemala sigue sin resolver su crisis de poder, agravada tras la decisión, el jueves, del vicepresidente Espina de hacerse con la jefatura del Estado. Espina fue acusado por la Procuraduría General de la. Nación (Fiscalía) de 11 cargos, entre ellos usurpación de funciones y malversación. Desde el viernes se encuentra la demanda en proceso de trámite tras la decisión del titular de un juzgado de instrucción de admitir la querella del ministerio público.Esto no ha impedido que Espina continúe su camino hacia el poder, buscando afanosamente reunir a los 59 diputados necesarios para obtener el quórum que le permitiría ser investido con la banda presidencial. De momento, Espina ha conseguido romper al grupo parlamentario democristiano, atrayendo hacia sí a varios diputados, pero no ha podido reunir al Congreso.

No obstante, 62 de los 116 congresistas continúan oponiéndose a esta salida de la crisis, lo que está obligando a Espina a retrasar sus planes, no sólo con el fin de intentar convencer a parte de los parlamentarios para que le ofrezcan su apoyo, sino también para lograr otros respaldos que le permitan obtener un consenso popular fuera del edificio del Parlamento.

Huelga general

Las protestas contra Espina, que incluyeron ayer un paro general en todo el país, que fue seguido sin incidentes. El arzobispado de Guatemala, a través de su Oficina de Derechos Humanos, recordó que Espina está incurriendo en la ilegalidad, ya que el artículo 181 de la Constitución impide a los autores de un golpe acceder al poder supremo.Espina, al no obtener la investidura el miércoles, no ha podido acceder al palacio presidencial, por lo que realiza toda su actividad política desde su residencia privada, adonde también se han trasladado sus ayudantes militares.

La Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, que encabeza la resistencia popular, propuso a la Iglesia católica como mediadora del conflicto institucional que afecta al país. Según Menchú, la solución debe salir de un diálogo nacional, para lo cual es necesario buscar una personalidad que goce del respeto de todas las partes. Ésta sería, a su juicio, el arzobispo Rodolfo Quezada, mediador de las conversaciones de paz entre el Gobierno y la guerrilla.

Ayer se supo que el Procurador General de la Nación, Edgar Tuna Valladares, estuvo a punto de ser secuestrado por unos desconocidos en las instalaciones del ministerio público. Tuna, que es el magistrado que ha promovido la querella contra el vicepresidente Espina, recibió protección de la embajada de EE UU.

Por otro lado, la Procuraduría guatemalteca ha ordenado el embargo de los bienes del ex presidente Jorge Serrano y anunció un juicio en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito.