Tribuna:RELACIONES ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y EL PRIVADOTribuna
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Aproximación económica a la corrupción

La corrupción económica puede aparecer en cualquier transacción que se produzca en el ámbito privado o en el público; es conocida la existencia de determinadas operaciones financieras entre particulares que son auténticas agresiones a las más elementales reglas financieras y que suponen un enorme derroche de recursos; en cualquier caso, la responsabilidad de estas operaciones se dará a los respectivos consejos de accionistas o, en última instancia, a los tribunales de justicia.La corrupción que nos ocupa es la que aparece en las relaciones financieras entre el sector público y privado y que se puede definir como la venta o intercambio de favores por parte de funcionarios o políticos a determinadas personas del sector privado y del propio sector público. Su manifestación se produce a través de un número muy amplio de actividades con un carácter más o menos conspiratorio, abarcando desde actos puntuales realizados por individuos actuando de forma aislada hasta formas organizadas que pueden llegar a englobar departamentos gubernamentales enteros; el límite sería cuando el Gobierno en pleno ejerciera la corrupción, lo cual no sería sino un puro despotismo.

En una economía abierta, la corrupción se instrumenta a través de las relaciones, los favores directos o indirectos y el dinero. El suministrador de vagones de carga ferroviarios para Transfesa (empresa privada) puede encontrar apoyos en cualquiera de esos tres instrumentos para conseguir el pedido, en parecidas condiciones de calidad, precio y financiación a los que ofrece la competencia. El mismo suministrador para Renfe (empresa estatal) cuenta con algún otro tipo más de argumento, tales como la defensa del empleo nacional, la demanda a fabricantes españoles, el pago del impuesto de sociedades en España, la imagen y desarrollo tecnológico, el aumento de dimensión, etcétera. Este esquema puede aplicarse a cualquier otro sector económico no cerrado a la competencia internacional, obras públicas, papel, alimentación, farmacéutico, consultoría, armamento, etcétera. Lo. que haga el empresario privado con sus contratos es irrelevante para nuestro discurso (salvo que genera un clima social), porque tiene capacidad de decidir sobre el dinero de sus accionistas, que le pueden exigir cuentas de la gestión del margen comercial.

El administrador público, sujeto como está a la ley de contratos del Estado, siempre tiene elementos objetivos para tomar decisiones razonables, defendibles bajo el prisma coste-beneficio, para el gasto del dinero público. Si se produce corrupción es por la situación de monopolio que disfruta el sector público (sólo hay un MOPT, un solo Ministerio de Educación o de Sanidad ... ) y porque el funcionario, o funcionarios en comisión, que decide tiene alguna posibilidad de actuación discrecional. "La madre de los huevos", que decía Roca, radica aquí, éste es el núcleo donde los funcionarios y/o políticos han asentado (en España, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Móstoles, Reims o Amberes, por ejemplo) sus poderes: el suministrador puede obtener pedidos tan sólo porque hace favores o da dinero a quien puede decidir.

Puede argumentarse que la corrupción así entendida no supone coste social alguno, pues no es sino una mera transferencia de renta al sector público. Sin embargo, la corrupción (como el robo en general) supone un enorme derroche de recursos cuando la renta se transfiere de la víctima al corruptor. Así, la decisión del presunto corruptor es una ponderación del beneficio que puede obtenerse si su acción no es detectada, del castigo asociado a si lo es y de la probabilidad de detección existente. El coste social de la acción de corrupción puede ser mucho mayor que el beneficio esperado por los corruptos, pero no es de su incumbencia. El coste social no forma parte de su cálculo, excepto cuando el castigo y la probabilidad de detección de su acto están asociadas al coste social que la corrupción provoca. El coste social del soborno puede tomar muchas formas, como, por ejemplo, la pérdida de beneficio potencial derivado del hecho de que determinada actividad sea concedida a la empresa menos eficiente, la reducción en el uso de un servicio a causa del aumento de los costes ante los sobornos necesarios, el perjuicio realizado a los consumidores de los servicios cuando las concesiones son realizadas a organizaciones no cualificadas y, en fin, quizá el más importante, el derroche de recursos en que incurren los agentes que pueden prever una fuente de renta de los servicios concedidos por el Gobierno y compiten por ella: las empresas que pujan por hacerse con los contratos públicos o compiten entre ellas; su comportamiento puede verse como parecido a cuando se participa en una lotería y en donde los recursos empleados para procurarse un boleto pueden ser enormes. Entonces, lo que parecería una transferencia del Gobierno a unas empresas privilegiadas se convierte en un derroche social de recursos, mayor conforme no existe límite al número de empresas licitadoras, éstas tengan un comportamiento muy parecido y el coste de aumentar sus oportunidades sea reducido. En definitiva, de mejorar su posición para recibir la renta que emana del sector público.

Cuatro componentes

Sin embargo, el posicionamiento no es la única forma por la que las empresas licitadoras pueden mejorar su chance. Su estrategia puede consistir en presionar de una u otra forma; su coste, entonces, incluirá, por ejemplo, el tiempo de las negociaciones con los funcionamientos o el soborno en forma de pago a los responsables últimos o en la forma de favores más o menos explícitos. Desde el punto de vista de la empresa licitadora, es irrelevante lo que tenga que hacer con tal de que adquiera o aumente su probabilidad de ser el adjudicatario. El único al que le importa la forma en que se hace es el oficial corrupto.En estas circunstancias, cuando los agentes del sector privado compiten por hacerse con un flujo de renta emanado del sector público, el valor de la renta puede dividirse en cuatro componentes: la ganancia o la empresa adjudicataria, las recompensas a los funcionarios y/o políticos, el derroche en el que se incurre y los beneficios al público que pueden desprenderse de la actividad de conseguir la licitación pública. A priori, no se puede decir nada respecto al tamaño relativo de cada uno de estos componentes en el total; sólo cabe señalar que el beneficio al público puede ser una parte muy pequeña y al derroche en que el proceso de licitación incurre, muy grande, y entonces el daño social producido por la corrupción es medible. El embalse de Riaño, las torres KIO, son ejemplos vivos. Pero el mejor es el círculo vicioso del caos circulatorio en Madrid: las industrias del automóvil, del refino y las aseguradoras han condicionado a la autoridad competente, el Ayuntamiento, para que no exista traba alguna a la circulación privada en automóvil, en contra del transporte colectivo, los ciudadanos solidarios, la salud y comodidad de niños, ancianos e impedidos y los menores costes para la distribución física y los negocios.

La corrupción pública (negra, gris o blanca) siempre ha existido, forma parte del paisaje. Su disminución o irrelevancia sólo podrá conseguirse mediante la combinación del rechazo social, una inspección preparada, una legislación a la que acogerse y una publicidad de las penas.

En cualquier caso, emergen dos consideraciones: la primera es que un despotismo ilustrado, al estilo del postulado por Breman y Buchanan, no sería corrupto en el sentido que se ha empleado en este artículo. La corrupción es como un impuesto establecido por los funcionarios y/o los políticos para su propio beneficio en lugar de contribuir a engrosar las arcas del Tesoro Público, pero, siempre, la corrupción será una manifestación de gobiernos inestables, con independencia de que sean o no despóticos en sus actuaciones.

La segunda consideración se refiere a que el tamaño del Estado debería ser más pequeño cuando es corrupto que cuando es honesto. Aquellos países que están seguros de la integridad de sus gobiernos pueden asumir el riesgo implícito a una regulación abundante de la economía y a un elaborado sistema de redistribución de la renta; por el contrario, en países que no tienen la seguridad de la integridad de sus gobiernos sería más conveniente un gobierno reducido y con prácticas lo más parecidas posibles al laissez-faire.

Manuel Portela Peñas y Joaquín Zamorano Valiña son economistas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del domingo, 30 de mayo de 1993.

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