Seres racionales

EL TÉRMINO hembra ha restringido su uso en el lenguaje hablado y escrito en favor del de mujer, al tiempo que ésta adquiría protagonismo social y se equiparaba legal, económica y laboralmente con el hombre. Pero en éste como en otros muchos aspectos el lenguaje administrativo ha permanecido indiferente al cambio de los tiempos y a la evolución social. Como hembra, es decir, animal de sexo femenino, han seguido designando los textos y documentos oficiales durante lustros a la mujer. La concepción meramente fisiológica de la mujer, vigente en otras épocas y en sociedades menos desarrolladas, ha llegado intacta hasta la nuestra embozada en los legajos administrativos.El Consejo de Ministros del pasado 21 de mayo ha borrado lo que parece ser el último vestigio de discriminación sexista que todavía quedaba en los formularios oficiales: el de las partidas de nacimiento. El cambio del término hembra por el de mujer para referirse a la persona de sexo femenino ya había llegado al carné de identidad y al pasaporte, pero se había detenido ante el Reglamento del Registro Civil. Ahora, su reforma, aprobada por el Gobierno, permitirá que la primera inscripción oficial del recién nacido femenino se haga con el término de mujer, propio de la especie humana, y no con el de hembra, correspondiente al reino animal. En realidad, este cambio sólo supone que la mujer sea tratada del mismo modo que el hombre, al que en el lenguaje jurídico hace tiempo se le designa como varón y no como macho. En suma, los dos sexos consiguen la igualdad terminológica y la condición de criaturas racionales.

Habría que preguntarse por qué cambios tan simples y fundados tienen a veces el alcance de una revolución en su ámbito. La razón es sencilla: el lenguaje administrativo se ha mostrado siempre más resistente al cambio que la propia legalidad e incluso que la so ciología. Y ello porque la jerga administrativa tiende a marcar las diferencias entre el que administra el poder y el administrado. Han sido necesarios nada me nos que casi tres lustros de vigencia de una Constitución igualitaria y antidiscriminatoria, así como una equiparación jurídica, económica y social cada vez mayor entre hombre y mujer, para que la Administración se dé por enterada.