Golpe en Guatemala

EL "AUTOGOLPE" de Estado del presidente de Guatemala, Jorge Serrano, con el que concentra en sus manos todos los poderes y disuelve el Parlamento y la Corte Constitucional, es casi un calco del que realizó Fujimori en Perú hace un año. Serrano justifica su golpe con los mismos pretextos: la necesidad de luchar contra la corrupción y de depurar los "métodos democráticos", en vista de lo cual aplica la censura a los periódicos y suspende las emisoras de televisión y radio que no repiten sus consignas. Jorge Serrano es un político de extrema derecha, denunciado en los foros internacionales por sus violaciones de los derechos humanos. Ahora va más lejos: quiere liquidar las instituciones democráticas e imponer un poder autoritario. Todo ello, impulsado por altos mandos militares que siempre se han opuesto al avance de la democracia.Guatemala es el país de Centroamérica en el que la lucha de las guerrillas de la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) se prolonga desde hace más tiempo. Ésta tiene un fuerte respaldo campesino, sobre todo en zonas de población indígena. Mientras en El Salvador y en otros casos la lucha armada está desapareciendo, las negociaciones entre la URNG y los enviados del Gobierno, patrocinadas en México por la Iglesia, han fracasado repetidamente. La cerrazón de Serrano determina esta lamentable excepcionalidad de Guatemala. Pero no se han contentado con ello los militares y han presionado para que la democracia sea liquidada.

Un dato positivo en el confuso presente es el de la amplitud de la oposición al golpe. La Corte Constitucional se ha reunido a despecho de las órdenes presidenciales y ha declarado nulos todos los decretos de Serrano que suspenden la legalidad. El Procurador de los Derechos Humanos (equivalente al Defensor del Pueblo en España), escapado de la policía, ha hecho una declaración solemne pidiendo a Serrano que renuncie a sus planes. Prácticamente todos los partidos se han pronunciado en igual sentido. El ministro de Trabajo, Mario Solórzano, ha dimitido de su cargo, y la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchu, conocida por su esforzada labor en defensa de los indígenas, denunció también la maniobra golpista.

En el plano internacional las condenas han sido numerosas. Los Gobiernos de Madrid y de Washington fueron los primeros en denunciar al golpista Serrano. En Chile, el Parlamento Latinoamericano ha pedido la expulsión de Guatemala de esa institución. En cuanto a la Organización de Estados Americanos (OEA), ha convocado una reunión de cancilleres para estudiar las medidas que deben ser adoptadas. Conviene que éstas tengan la mayor operatividad y que se pongan en marcha con toda urgencia. Por ahora, aún logran hablar en Guatemala entidades y personas en defensa de la democracia. Pero si no hay una acción internacional eficaz, Serrano logrará acallar esas voces con la ayuda de la policía y del Ejército. De ahí la necesidad de un apoyo exterior a la Corte Constitucional y la urgencia del envío de observadores internacionales que vigilen el respeto de los derechos humanos y denuncien los actos de represión.

Por otra parte, la comunidad internacional (y de un modo particular España, unida por tantos lazos a Latinoamérica) debe tomar medidas que corten esta moda latinoamericana de golpes, militares o civiles, que están destruyendo numerosos sistemas democráticos: Perú, Haití, los intentos en Venezuela, ahora Guatemala. Si en este último caso se aplican sanciones de verdad (a un país con gran dependencia económica del extranjero) sería posible impedir la consolidación de un nuevo régimen dictatorial. Ello exige una acción diplomática rápida.