El Gobierno y la Iglesia cierran acuerdos sobre los profesores de religión y los curas de prisiones

El Gobierno y la Conferencia Episcopal Española desarrollarán hoy, con la firma de dos nuevos convenios, parte de los acuerdos suscritos entre la Santa Sede y el Estado en 1979. Los profesores de la asignatura de Religión y Moral Católicas y los sacerdotes de prisiones, dos flecos históricos, tendrán un estatuto laboral. Los convenios serán firmados en La Moncloa, horas antes de que comience oficialmente la campaña electoral. El Vaticano ha dado el visto bueno a estos acuerdos y no ha puesto obstáculo a que su firma coincida con el inicio de la campaña.

Las negociaciones entre los responsables del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) y del Ministerio de Justicia, los dos competentes en estas materias, y los representantes de la Conferencia Episcopal se han desarrollado con extremo sigilo desde que, el pasado 29 abril, el presidente del Gobierno, Felipe González, recibía por vez primera en visita de cortesía al nuevo presidente del episcopado, Elías Yanes, arzobispo de Zaragoza. El Gobierno y los obispos reanudaban a partir de ese encuentro las negociaciones sobre el estatuto del profesorado de religión y los sacerdotes de prisiones, muy avanzadas pero interrumpidas desde que Agustín García Gasco, entonces secretario general del episcopado, fue nombrado arzobispo de Valencia, en julio de 1992.Tanto el Gobierno como los obispos negociaban con la voluntad de cerrar acuerdos sobre estas cuestiones antes del inicio de la campaña electoral, a las cero horas del día 21 (véase EL PAÍS del pasado sábado). Los encuentros culminan con la firma de los acuerdos, que serán presentados hoy en conferencia de prensa por José Sánchez, nuevo obispo secretario de la Conferencia.

10.000 profesores

Las negociaciones sobre el profesorado de la asignatura de Religión y Moral Católicas, acuerdo que estuvo a punto de cerrarse durante el pasado verano, alcanzaron un momento de crispación cuando desde el Ministerio de Educación se intentó vincular jurídicamente a los casi 10.000 profesores con la Conferencia Episcopal. Ni la Administración ni el episcopado se consideran patrones de este colectivo en el convenio que se firma hoy. El acuerdo soslaya esta cuestión.El Gobierno, según el espíritu del convenio, se limitará a financiar el derecho de los alumnos a recibir esta enseñanza y a homologar económicamente la hora de clase de este colectivo con el coste del mismo tiempo de un profesor interino. La partida destinada a este fin sería entregada a cada diócesis, que pagaría a los profesores de Religión, que son nombrados por los obispos. El Gobierno calcula que la homologación tendría un coste de unos 7.500 millones de pesetas. El plazo para efectuar esta equiparación oscilará entre los cinco años planteados por el Gobierno durante las negociaciones y los tres reclamados por el episcopado.

El convenio sobre los sacerdotes de prisiones será similar, según las fuentes consultadas, al relativo a los capellanes castrenses, el último acuerdo cerrado entre el Gobierno y el episcopado, que entró en vigor en enero de 1990. Este acuerdo comportó la desaparición del Cuerpo Eclesiástico Castrense, al que se accedía mediante oposición, y su sustitución por un Servicio Religioso. Este criterio regirá también para los sacerdotes de prisiones. Los funcionarios desaparecerán a medida que vayan jubilándose y los nuevos serán nombrados por los obispos de las diócesis donde vayan a desempeñar su función. Los salarios de este colectivo serán abonados por el Estado a través de los prelados.

Estos dos acuerdos han recibido el preceptivo visto bueno de la Santa Sede, que es la depositaria de los acuerdos firmados con el Estado en 1979. El Vaticano, asimismo, no ha puesto obstáculo al episcopado español para que firme los dos nuevos convenios con el Gobierno, pese a la instrumentalización política que pueda hacerse del acto en el marco de la campana electoral, según medios próximos a la Conferencia. La decisión final de firmar estos acuerdos fue adoptada durante la reunión que mantuvo el comité ejecutivo del episcopado el pasado jueves.

El Gobierno y los obispos negocian asimismo sobre el sistema de financiación de la Iglesia sobre la base de sustituir la fórmula de la asignación tributaria, conocida como impuesto religioso, por la donación directa de los fieles. Las negociaciones sobre el nuevo sistema de financiación, que comporta la aplicación de mecanismos técnicamente complejos, no fructificarán antes de los comicios.