Converger y competir

El concepto de convergencia hacia los países centrales de la Comunidad Europea (CE) admite dos significados complementarios. Por una parte, la convergencia puede ser entendida como aproximación al nivel de vida superior de los ciudadanos de esos países -lo que se entiende por convergencia real- y, por otra, como el proceso de ajuste a los cánones de estabilidad financiera -la convergencia nominal- de que gozan sus economías y que tiene su mejor exponente en el mantenimiento de bajas tasas de inflación.El Tratado de Maastricht deja claro que sólo los países que muestren un grado de convergencia nominal suficiente accederán a Unión Económica y Monetaria (UEM), ya que un escaso grado de estabilidad monetaria -una tasa de inflación demasiado elevada- podría entorpecer el desarrollo del crecimiento real a medio y largo plazo de los demás países. Está, pues, dentro de la lógica del proceso de integración que los países menos inflacionistas vigilen el grado de convergencia en inflación y finanzas públicas, pues éstos valoran enormemente su estabilidad, conseguida tras décadas de políticas rigurosas y de consenso social en tomo a sus efectos positivos, a largo plazo, sobre el empleo y el bienestar social.

Oportunidad irrepetible

En definitiva, el proceso de convergencia en la transición hacia una unión monetaria debe contemplarse como una oportunidad histórica -quizá irrepetible- para dar continuidad a la convergencia real iniciada con la incorporación de nuestro país a la CE en 1986.

Sin embargo, en la medida en que los países centrales de la CE caminan rápidamente hacia la adopción de una moneda y una política monetaria comunes -guiados por el objetivo de evitar los efectos negativos que eventuales episodios de inestabilidad cambiaria pueden tener sobre las economías- es urgente la adopción en nuestro país de un consenso político y social amplio en torno a dos elementos básicos para asegurar una convergencia nominal sostenida. Estos elementos no son otros que el saneamiento y la disciplina presupuestaria de las administraciones públicas y las reformas estructurales que mejoren el funcionamiento de la economía.

El consenso en torno a ambos debería constituir la base para un amplio pacto de rentas, única vía para la recuperación -en el contexto de libre comercio y circulación sin trabas de capitales que caracteriza hoy a la CE- de la competitividad y credibilidad perdidas por nuestra economía en los últimos años.

Tal recuperación hace de la convergencia nominal, de la estabilidad financiera, una necesidad de supervivencia económica. Lamentablemente, habrá que esperar hasta después de las elecciones, una vez enfriados los calores del debate electoral, para la búsqueda común de este consenso.

Ignacio Ezquiaga es socio-subdirector general de AFI.