La Administración de Clinton apoya un decreto contra la violencia antiaborto
La Administración Clinton apoyó ayer decididamente un decreto del Senado, presentado por el demócrata Edward Kennedy, que prevé fuertes castigos para los antiabortistas que recurran a la violencia o a la intimidación para impedir el acceso a las clínicas donde se practica el aborto.
Según el decreto, quienes usen o intenten usar de la fuerza o de la obstrucción contra el funcionamiento de esas clínicas incurrirán en un delito federal, que por lo general acarrea penas mayores que los delitos estatales. Los castigos incluyen multas y penas de prisión que pueden alcanzar los 10 años de cárcel si los hechos causan alguna muerte.
El decreto intenta evitar asaltos o bloqueos a clínicas como el que culminó el pasado marzo con el asesinato de un médico por parte de un antiabortista en Pensacola (Florida).
La fiscal general de Estados Unidos, Janet Reno, dijo ante el Comité de Trabajo y Recursos Humanos del Senado que el decreto era necesario para encarar un problema ante el que la policía local se ha revelado ineficaz. "Algunos han preguntado si había necesidad de esta legislación", dijo Reno. "Mi respuesta inequívoca es que sí".
"Hay una campaña nacional cuyo blanco son las clínicas locales", señaló Edward Kennedy.
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