El 'numero tres' del Ejército peruano se refugia en la Embajada de EE UU

El número tres de la cúpula militar peruana, el general Rodolfo Robles Espinoza, solicitó el jueves, con dos de sus hijos, asilo político en la Embajada de Estados Unidos en Lima, y acusó desde su refugio a Vladimiro Montesinos, asesor del presidente Alberto Fujimori, y al comandante en jefe del Ejército, el general Nicolás Bari de Hermoza, de implicación en graves violaciones de los derechos humanos. Este suceso coincidió con inusuales movimientos de tropas en la capital, que volvió ayer a la calma.

Perú continúa en tensión un día después de que el número tres de su Ejército denunciara la existencia de un escuadrón de la muerte, consentido por el general Bari Hermoza, y el asesor presidencial, Vladimiro Montesinos.El general Robles, que ocupaba el cargo de jefe del comando de instrucción y doctrina del Ejército, había sido nombrado para un puesto en Washington, pero sus mandos le habían negado la posibilidad de viajar con su familia. El militar asegura que es perseguido porque decidió denunciar las violaciones de los derechos humanos ante los magistrados del Consejo Supremo de Justicia Militar.

Robles disculpó al presidente Fujimori por su desconocimiento de la existencia de un grupo de asesinos en las Fuerzas Armadas y le pidió públicamente que destituya al general Hermoza, a través de un documento firmado que fue distribuido a la prensa cuando ya se encontraba en la sede diplomática.

El Ejército peruano y portavoces del Gobierno intentaron minimizar las denuncias del general. A pesar de la gravedad de las mismas, el presidente Fujimori aún no se ha pronunciado al respecto.

El general Robles explica en su documento que su persecución comenzó cuando exigió justicia infructuosamente en el caso de la desaparición y posterior asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la universidad La Cantuta, a 30 kilómetros de Lima. El general Robles sostiene que un destacamento especial del servicio de inteligencia internacional, que funciona bajo las órdenes del general Hermoza y de VIadimiro Montesinos, es el único responsable del caso. Este grupo militar, añade Robles, fue constituido por el mayor Martín Rivas, quien trabajó en la dirección de inteligencia en 1992 y en el servicio de inteligencia del Ejército en 1993. La noche del crimen de La Cantuta estuvo presente el teniente Aquilino Portella, de la división de Fuerzas Especiales del Ejército, quien fue el encargado de reconocer y señalar a las víctimas que luego fueron entregadas al mayor Martín Rivas, según la denuncia del general Robles.

Robles responsabiliza al mismo escuadrón de la matanza de otras diez personas en el distrito limeño de Barrios Altos en noviembre de 1992. Además, señala que estos mismos militares se ofrecían como sicarios en los ajustes de cuentas entre narcotraficantes u otros delincuentes.

El Gobierno norteamericano ha estado presionando directamente al peruano para que investigue los casos de vejaciones de derechos humanos y se sancione a los responsables. El que la embajada de Estados Unidos en Lima se haya involucrado en los hechos, acogiendo al general Robles y a su familia, constituye un elemento más de presión sobre el presidente Fujimori, quien se comprometió a la defensa de los derechos humanos.

La Embajada de Estados Unidos, que no acepta asilados, llevaba a cabo ayer intensas gestiones diplomáticas para que Robles sea aceptado por un tercer país, que probablemente sería Argentina.