El presidente venezolano se plantea dimitir para someterse a un juicio por corrupción

El presidente venezolano, Carlos Andrés Pérez, pidió ayer con carácter de urgencia a la Corte Suprema de Justicia que haga saber públicamente si tiene previsto enjuiciarle por un caso de corrupción vinculado al uso de 250 millones de bolívares (300 millones de pesetas) de una partida secreta del Gobierno. El mandatario se plantea dimitir en caso de que el tribunal se pronuncie a favor del procesamiento, lo que ayer parecía probable.La petición del jefe de Estado se produce en un momento en que crecen en todo el país los rumores respecto a su inminente enjuiciamiento. Carlos Andrés Pérez envió una carta al presidente de la Corte en la que insta a los magistrados a que "sin más dilaciones acuerden reunión en sala plena, por convocatoria reglamentaria de su presidente, para decidir lo que sea pertinente, con la urgencia que lo excepcional y extraordinario del caso impone. No puede someterse a la nación a una espera ni siquiera de días, vistas las características muy especiales que vive Venezuela".

Fuentes allegadas a la presidencia aseguran que la dimisión del mandatario venezolano podría producirse de un momento a otro para someterse al juicio en la Corte, lo que le permitiría de paso evitar ser enjuiciado por los mismos hechos por el Senado. De ocurrir un vacío en la presidencia, la Constitución prevé que la vacante debe ocuparla el presidente del Congreso durante un mes. Luego el Parlamento en pleno elegiría al sucesor.

Gonzalo Rodríguez Corro, presidente del tribunal y ponente del caso, que afecta a Pérez y a dos de sus ex ministros, Alejandro Izaguirre y Reinaldo Figueredo, distribuyó a los 15 magistrados de la Corte su proyecto de ponencia, para que en un plazo de dos semanas declaren si hay motivos o no para enjuiciar al mandatario. La prensa local publicó extractos del texto, en donde se establece la culpabilidad del presidente y sus dos ex colaboradores por delitos de malversación y apropiación indebida. "Por una parte, está probado que a los fondos obtenidos se les dio una aplicación diferente a aquella para la cual estuvieron originalmente destinados, tal es el caso de la malversación; y por la otra, que en vista del cúmulo de irregularidades detectadas no se ha podido saber a ciencia cierta adónde fue a parar el grueso del dinero, lo que conduce a no poder descartar que se haya destinado a beneficios indebidos, en cuya hipótesis se estaría en presencia de algunas de las figuras del peculado" [apropiación indebida de fondos del Estado].

Los dos principales partidos, la oficialista Acción Democrática (socialdemócrata, el de Pérez) y el democristiano Copei, coincidieron en declarar que acatarán la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Mientras grupos disidentes han anunciado manifestaciones populares.