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Los domingos, manifestación

Vecinos de una parroquia de Ferrol piden el cierre de un centro de toxicómanos desde 1989

Xosé Hermida

El tedio de las tardes de domingo es algo ajeno a los 800 habitantes de Doniños, una parroquia rural del municipio de Ferrol (La Coruña). Contra viento y marea, un grupo de vecinos se resiste a bajar la bandera de la protesta popular que se inició hace ya cuatro años para impedir que se instalase en el lugar un centro de rehabilitación de toxicómanos. Hasta el propio presidente de la asociación que promueve la comunidad terapéutica reconoce que está asombrado ante "tanta contumacia".

Mientras medio centenar de personas -la mayoría rebasa los 50 años- exhiben sus pancartas ante la verja del centro de toxicómanos de Doniños, en el patio un grupo, de jóvenes juega tranquilamente al fútbol. Desde un coche patrulla, una pareja de policías sigue la escena con expresión de hastío. Es la rutina y ya nada logra inquietarles, ni siquiera el griterío femenino proveniente de un megáfono instalado en un automóvil, que lanza al viento las canciones populares."Ésta es la manifestación número 176", afirma con cierto orgullo José Mesejo, presidente de la asociación de vecinos San Román, a la que, según sus datos, están afiliados 300 habitantes de la parroquia. "Al principio venía mucha más gente. Ahora se fueron cansando y somos menos. Pero están con nosotros", proclama el dirigente vecinal. A su lado, una mujer alza la voz para descargar su rabia: "Esto es una guerra civil. El centro ha destrozado un pueblo pacífico".

Mesejo, un hombre de conversación serena, también evoca el fantasma "del 36" al recordar las navidades de 1991, cuando él y otros miembros de la asociación fueron encarcelados. Un juez de Ferrol les hizo responsables de los disturbios causados por unos desconocidos, que sembraron de árboles y tachuelas la carretera de acceso al centro.

El portavoz vecinal conoce bien hasta qué punto se ha enturbiado la convivencia en el pueblo.

800 socios

La comunidad de Doniños está promovida por la Asociación Ferrolana contra la Droga (Asfedro), una entidad fundada en 1986 que se sostiene a base de subvenciones públicas y de las cuotas de sus 800 socios, que pagan entre 1.200 y 25.000 pesetas al año.Asfedro tiene también un centro asistencial en el casco urbano de Ferrol. "Allí no hay ningún problema. Y eso que los drogadictos utilizan el mismo portal que las ocho familias que viven en el edificio", afirma su presidente, Tito Pena, antiguo responsable de la asociación de vecinos de Caranza, el barrio más popular de Ferrol, donde la heroína ha hecho muchos estragos.

Los responsables de Asfedro pretendían instalar en la comarca una comunidad terapéutica para toxicómanos. La asociación antidroga tuvo que desistir de las dos ubicaciones elegidas inicialmente, en las localidades de Baltar y Neda. "En Baltar, el pueblo entero se puso en pie de guerra", recuerda Pena. Entonces surgió la idea de rehabilitar un viejo cuartel del Ejército en Doniños.

Allí no parecía haber problemas y Asfedro se aseguró incluso el apoyo de la asociación de vecinos. "Les encargamos que hiciesen una encuesta casa por casa y el 92% se mostraron a favor del proyecto", asegura el presidente de Asfedro.

Pero fue inevitable que un grupo de ciudadanos se opusiera frontalmente a la instalación del centro, situado a menos de 100 metros de sus casas. Este grupo, la asociación San Román, incluso presentó un proyecto alternativo para trasladar la comunidad a otro edificio de la misma parroquia, mucho más alejado de los núcleos de población.

Afán de lucro

"Nadie en España ha propuesto una alternativa así, pero las instituciones nos ignoraron. No quisieron ni negociar", lamentan los vecinos reunidos en manifestación. Los responsables de Asfedro sostienen que cuando se presentó este proyecto ya estaba comprado el edificio y se habían iniciado las obras de rehabilitación. Lo cierto es que en estos cuatro años apenas se han producido incidentes entre los vecinos y los 20 toxicómanos de la granja. Ni siquiera el conflicto ha afectado al trabajo interno de la comunidad, según sus reponsables. Sólo algunos residentes en la zona se quejan de que han sufrido robos en sus casas y que suelen encontrar por los alrededores jeringuillas usadas.Pero lo que más irrita- a los detractores del centro es la creencia de que se está haciendo un "negocio" a su costa. "La gente ve en Asfedro algo así como una mafia", afirma Mesejo. "Recibe cada año casi 100 millones de pesetas de subvenciones y nosotros no hemos encontrado en ninguna parte un drogadicto rehabilitado por ellos. El edificio se pagó con dinero público y lo han inscrito a su nombre. Les mueve un afán lucrativo".

El responsable de Asfedro admite que la mayor parte de los 100 millones de su presupuesto anual se cubre con ayuda de las instituciones, pero advierte que el tratamiento en la comunidad es totalmente gratuito. "Esto es una asociación altruista", concluye. "La labor de Asfedro es estupenda", corrobora el presidente de una de las asociaciones que defienden el centro.

Aunque a nadie parece preocupar ya la rutinaria manifestación de los domingos, el conflicto se ha enquistado en el pueblo. "Es una cuestión de desgaste", afirman algunos vecinos. José Mesejo desmiente esos augurios: "Las instituciones están obligadas a darle una salida a esto. Si no, será difícil evitar que algunos opten por soluciones violentas".

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Sobre la firma

Xosé Hermida
Es corresponsal parlamentario de EL PAÍS. Anteriormente ejerció como redactor jefe de España y delegado en Brasil y Galicia. Ha pasado también por las secciones de Deportes, Reportajes y El País Semanal. Sus primeros trabajos fueron en el diario El Correo Gallego y en la emisora Radio Galega.

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