Los populares acusan al PSOE de debilitar el control de los fondos públicos
VICTORINO R. DE AZÚA, El Partido Popular se comprometerá en su programa electoral a equiparar mediante una ley el grado de responsabilidad de los altos cargos de la Administración Pública con los gestores privados con el fin de garantizar "mayor diligencia en la gestión del dinero del contribuyente". Esta medida integra, con otras 11, el apartado del programa dedicado a lucha contra la corrupción, transparencia y control del gasto público. En el preámbulo los populares acusan al PSOE de interpretar el control del gasto público "como un estorbo que había que suprimir" y califican esta actitud de reaccionaria porque lo que caracteriza a una democracia avanzada es justamente lo contrario "para poder rendir cuentas exactas al contribuyente".
El Gobierno y el partido socialista, según el programa del PP, han eliminado los controles ordinarios y los han sustituido por auditorías, " Insuficientes porque no tienen la necesaria continuidad y permanencia ni generan responsabilidades".
Junto a siete de las medidas anticorrupción del programa del centro derecha, se incluye la fecha en que fue rechazada por el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, tras haber sido propuesta durante la pasada legislatura por el Grupo Popular. Este es el caso de la reforma de la Ley General Presupuestaria, en la que el PP pretende restablecer con carácter general la fiscalización de todos los actos que originen derechos y obligaciones de tipo económico.
Contrataciones
Otras medidas son la reforma de los procedimientos de contratación del sector público para reducir el margen de discrecionalidad; cambiar la Ley de Régimen Local para reducir la posibilidad de sustituir funcionarios de carrera por personas de libre designación y modificar la Intervención General del Estado, de forma que el interventor general sea nombrado por el Consejo de Ministros y sólo pueda ser relevado por causas previstas de antemano.
El PP ofrece también un procedimiento más riguroso de participación de las Cortes Generales para garantizar la transparencia de las privatizaciones o enajenaciones de empresas o participaciones accionariales de titularidad pública y el restablecimiento de los requisitos sobre contratos patrimoniales de compraventa, permuta, donación o cualquier otra disposición de bienes de todas las administraciones públicas, para evitar posibles casos de especulación o beneficio de terceros como sucedió, según el PP, en el caso Renfe.
El programa incluye en el apartado de lucha contra la corrupción la reforma del Reglamento del Congreso para facilitar la constitución de comisiones investigadoras sin que se necesite el acuerdo de la mayoría absoluta de los diputados y una reforma del Tribunal de Cuentas.
