Un colegio concertado de Alicante echa del comedor a dos alumnas con necesidades especiales pese a estar becadas por el Consell

El colegio privado concertado Sagrados Corazones de Alicante avisó el pasado viernes 3 de mayo a la madre de dos alumnas de que las niñas no iban a entrar al comedor. La llamada telefónica se produjo a las 13.11 horas, once minutos después de que se sirviera la primera tanda de platos, la que utiliza la hija mayor, de primero de ESO. Laura (nombre supuesto, para preservar la identidad de las menores), la madre, trató de ponerse en contacto con los servicios territoriales de la Consejería de Educación, que paga mediante becas parte de este servicio a ambas niñas. Unos 40 minutos después, con la mediación del gabinete autonómico, el centro educativo accedió a darles de comer. La mayor, de 12 años, no quiso porque aseguró “no encontrarse bien”, cuenta su madre. La de 6 años, que cursa primero de Primaria, sí disfrutó del menú. Laura ha interpuesto una queja en Educación, cuyo gabinete ha confirmado los hechos a este diario, y sospecha que se trata de una represalia por no querer pagar las cuotas voluntarias que impone el centro escolar a todos sus alumnos.

“Mi hija llegó a entrar al comedor y vio que su plato no estaba, ni tampoco el mantel ni los cubiertos que les ponen”, recuerda Laura, presidenta de la asociación de madres y padres de alumnos (AMPA) del Sagrados Corazones, con cuya dirección ha intentado ponerse en contacto este periódico en repetidas ocasiones, sin obtener respuesta. Desempleada de 32 años, vive sola con sus hijas en una vivienda cedida por una familiar. Ambas menores tienen necesidades especiales, ya que la pequeña tiene rasgos de un trastorno del espectro autista (TEA) y la mayor sufre un trastorno de déficit de atención (TDA). Con apenas un subsidio, la manutención que los respectivos padres de las niñas le pasan mensualmente y alguna ayuda familiar, solicitó una beca a Educación para afrontar los 155 euros mensuales por cabeza que cuesta el comedor. “El colegio cobra 6 euros diarios, de los que la consejería costea 4,25″, detalla. De esa forma, al final paga “unos 30 euros por cabeza cada mes” por el servicio de manutención. Una cantidad que debe sumarse a los 94 euros que el centro cobra en concepto de aportación mensual. Más de 1.000 euros por niña al año, ya que se libran diez recibos más uno extraordinario, en julio, de 96 euros en concepto de seguro escolar y gabinete psicopedagógico.

Laura abonaba cada recibo al completo hasta el pasado mes de enero. En febrero, la asesoraron y le explicaron que las cuotas son voluntarias. Según estipula la Lomloe, ley de Educación vigente, en su artículo 88, “en ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito” o imponerles “la obligación de hacer aportaciones”. “Quedan excluidas”, continúa, “las actividades extraescolares y los servicios escolares, que, en todo caso, tendrán carácter voluntario”. Los 1.036 euros anuales que percibe por alumno el Sagrados Corazones, que abarca todas las etapas de enseñanza, desde las aulas de dos años hasta Bachillerato, están por encima de los 750 euros de media de las cuotas de centros concertados emitidas en España, según un informe publicado recientemente por EsadeEcPol sobre esta práctica, cuya obligatoriedad es ilegal. Según este estudio, entre un 81% y un 95% del alumnado de centros concertados usa este sistema, “voluntario en teoría, pero habitual en la práctica”. El 70% de las cuotas se concentra entre Madrid, Cataluña y País Vasco, que junto a Comunidad Valenciana y Andalucía son las autonomías con mayor presencia de centros concertados.

Laura decidió dejar de pagarlas, pero el colegio le conminó a afrontar el total de la mensualidad, por lo que se vio obligada a dejar de desembolsar también su parte proporcional del comedor. “Les propuse pagar solo el comedor, pero no me lo permitieron”, asegura. Ahora, adelanta que acudirá a los tribunales para que la justicia dirima en este asunto. Desde la consejería de Educación certifican que las niñas “continúan asistiendo al comedor con toda normalidad” y que el caso está pendiente de que “una inspectora se reúna con el director del centro para aclarar la situación”. “Elegí el colegio porque es laico y es bueno en formación”, afirma Laura. “Pero administrativamente deja mucho que desear”, sentencia.