Vuelve a los tribunales de París el proceso de la sangre contaminada con el virus del sida

El Tribunal de Apelación de París reabrió ayer, debido a los recursos presentados por el ministerio fiscal y el doctor Allain, del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea (CNTS), el caso de "Ia sangre contaminada", que provocó que más de 1.200 hemofilicos se convirtieran en seropositivos por transfusiones hechas entre marzo y octubre de 1985, cuando se repartieron lotes de sangre que se sabía contenían el virus del sida. 250 han muerto ya. La acusación pretende cambiar la calificación del delito y que se considere como "envenenamiento" en vez de "distribución de mercancía averiada". Ayer, sólo compareció ante el tribunal el doctor Garreta, ex máximo responsable del CNTS, que cumple cuatro años de cárcel.

Militantes de Act-Up se manifestaron ante el Palacio de Justicia reclamando el procesamiento de Laurent Fabius, Georgina Dufoix y Edmond Hervé, ex primer ministro y ministros de Asuntos Sociales y Sanidad, respectivamente, en el momento en que sucedieron los hechos, bajo gobierno socialista. Pero el único que acudió ayer esposado ante el tribunal fue un demacrado Michel Garretta, que cumple, en la cárcel parisiense de la Santé, una condena de cuatro años de prisión.Garretta era el máximo dirigente del CNTS en el momento crítico. Los doctores Allain -ahora trabaja en Gran Bretaña y fue condenado a cuatro años de cárcel, dos de ellos con suspensión de pena-, Jacques Roux -cuatro años de cárcel; pero con pena suspendida por razones de salud- y Robert Netter -en libertad sin cargos- deben acudir de nuevo ante un tribunal que revisará, a lo largo de seis semanas, un caso que ha sido considerado como Ia mayor causa del desprestigio popular para la gestión socialista".

'Chivo expiatorio'

Según su abogado, el ex doctor -fue expulsado del cuerpo médico tras el juicio- Michel Garretta, ha perdido 17 kilos durante los meses de cárcel. Ha pedido la libertad provisional, que le ha sido denegada, y se considera víctima de "la cobardía colectiva", que le ha utilizado como "chivo expiatorio" de lo que, según él, era una decisión conjunta de todos los dirigentes de la sanidad francesa. Garretta no ha dejado de repetir: "Yo, de acuerdo, pero ¿y los demás?".La estrategia de los abogados de las víctimas tiene dos objetivos: por un lado, pretende cambiar la calificación del delito y que deje de tratarse de "distribución de mercancía averiada" para hablarse de "envenenamiento". Para ello necesitan demostrar que hubo "intención de matar" y que, además de "consciencia" en el momento de distribuir la sangre contaminada, hubo también "intencionalidad". Si el Tribunal de Apelación aceptase la consideración de delito de envenenamiento, entonces habría que cambiar de jurisdicción y los acusados correrían el peligro de ser condenados a penas muy superiores. El segundo objetivo pasa por poner en evidencia el grado de implicación de los consejeros científicos y de los directores de gabinete de los ministros.

El anterior juicio, celebrado entre el 22 de junio y el 5 de agosto de 1992, probó que el 12 de marzo de 1985 el doctor Roux fue advertido de que todos los lotes de productos sanguíneos estaban contaminados; que el doctor Netter retrasó la legalización del llamado test americano para permitir a los franceses de Diagnostics Pasteur presentar el suyo; que el CNTS aplazó cuanto pudo la obligatoriedad de "calentar" los productos sanguíneos por razones económicas y que decidió distribuir todos los lotes contaminados antes de empezar a vender los "descontaminados"; y que los doctores Weiselberg y Gros, consejeros de ministros, aceptaron la primacía de la lógica económica sobre la sanitaria a sabiendas de sus consecuencias mortales.

En definitiva, la primera parte del juicio reveló la dimensión político-económica del caso, aunque no quiso juzgarla. Por ejemplo, Laurent Fabius, que tuvo que prestar declaración, probó haber reaccionado bien el 19 de junio de 1985, al declararse obligatorio ante el Parlamento el test antisida para todos los donantes de sangre, pero luego no supo asumir como primer ministro la responsabilidad correspondiente a las actuaciones equivocadas de sus ministros y altos funcionarios. Luego, cuando quiso rectificar ante la presión de la opinión pública, ya era demasiado tarde y sus vacilaciones se interpretaron como confesión implícita de culpabilidad o negligencia.