EL fiscal pide siete años por cohecho para todos los ediles de un pueblo de Granada

La fiscalía de Granada ha pedido siete años de cárcel para cada uno de los nueve componentes de la corporación municipal de Cenes de la Vega -uno de los pueblos con más densidad urbanística de España- y un año para el representante de la promotora Mingra, a la que el Ayuntamiento concedió licencia en febrero de 1990 para construir un hotel sobre un solar concebido para uso residencial y no hotelero.

El fiscal considera que la corporación y el constructor cometieron un delito de cohecho -una irregularidad por la que se obtienen beneficios- al firmar un convenio de contraprestaciones urbanísticas en el cual Mingra se comprometía a construir, a cambio de la licencia, una plaza y una rotonda, y a reservar la mitad de los puestos de trabajo a los nacidos en Cenes.Ésta es la primera petición de condena seria que tendrá que afrontar la corporación municipal de Cenes. En los últimos 10 años, Cenes, un pequeño pueblo a tres kilómetros de Granada, se ha convertido en la población con más actividad urbanística de Andalucía y seguramente de España, en relación al número de habitantes. El pasado mes de diciembre había más de 40 promociones en marcha. La sospecha de que existiera algún tipo de irregularidad urbanística forzó al PSOE, no sin alguna reticencia interna, a expedientar y a expulsar a Antonio Alarcón, la persona que desde la alcaldía impulsé el desmedido desarrollo de Cenes. Una moción de censura presentada por sus propios compañeros socialistas le costó a finales de 1992 la alcaldía a Alarcón, que ahora continúa como concejal independiente.

La denuncia contra la corporación, que ratificó por unanimidad el decreto del alcalde en que se concedía licencia para la construcción del hotel en suelo no apto, fue promovida por un grupo de vecinos. El procedimiento afecta a seis concejales socialistas, uno del PP, otro de Izquierda Unida y al ex alcalde, ahora alineado como independiente.

El alcalde actual, Emilio Carrasco (PSOE), reconoce que él y sus compañeros de corporación ratificaron la licencia confiando en que era legal, según puso de manifiesto Antonio Alarcón, quien avaló en el pleno su dictamen con un informe favorable firmado por un arquitecto. "Creíamos que estaba justificado el permiso de obras porque el hotel iba a crear 50 puestos de trabajo", señala Carrasco. Sin embargo, el terreno donde se iba a emplazar el hotel estaba destinado para la construcción de viviendas. Unos vecinos que temían que el hotel tapara las vistas a la vega del Genil promovieron la denuncia. El juicio se celebrará el próximo miércoles en la Audiencia Provincial.