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LA CONSERVACIÓN DEL ATRIMONIO URBANO

Adiós, corrala

Los vecinos denuncian que peligran 84 edificios catalogados del centro

¿Ha servido para algo proteger el casco histórico actual? El Plan Especial catalogó 3.000 edificios, pero no impidió que el centro de la ciudad cambiara de cara. Llegaron las oficinas y arrinconaron a unos inquilinos cada vez más viejos y pobres. Las asociaciones de vecinos denuncian que en el corazón de la ciudad hay 13.000 chabolas verticales y que la piqueta amenaza a decenas de familias que viven en al menos 84 casas sentenciadas a muerte.

Eduardo nació hace 53 años en lo que fue un patio de caballos y es hoy la corrala de la calle de Carlos Arniches, en el Rastro madrileño. Eduardo y su mujer, Alicia, viven en lo que ella llama una cueva: dos alcobas ciegas, balcón y ventana a un patio y retrete colectivo. Eso les cuesta 11.000 pesetas al mes.La corrala, que se proyectó en el siglo XVIII, es el hogar de 23 familias. El escenario de los sainetes deja hoy ver los efectos de la ruina y la cochambre. Los vecinos son protagonistas de una lucha reivindicativa que tiene ya 12 años de historia.

En 1990, el Ayuntamiento rechazó la petición de ruina del dueño porque el edificio se podía arreglar. Entonces, el propietario acudió a los tribunales y consiguió su propósito. Tiene en su poder, desde octubre de 1992, la declaración de ruina. El documento implica que todos los inquilinos pueden ir a la calle y la corrala, catalogada en el plan Especial como un edificio de protección integral, desaparecer.

El Ayuntamiento ha recurrido ante el Supremo, los inquilinos están temblando y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) pide a gritos tres cosas: que intervengan el Ayuntamiento y la Comunidad, que alguna institución restaure el edificio o que se le expropie al dueño por no conservar un bien de todos. Los vecinos amenazados han extendido una pancarta en los balcones y siguen en la lucha.

Ruinas judiciales

Nicasio Abramo, propietario del bar Chiky, en los bajos de la casa donde nació Julián Besteiro, entre la calle Mayor y la de Milaneses, 2, protagoniza una batalla similar. El edificio, catalogado como de protección integral, empezó su cuesta abajo en 1977, cuando el Ayuntamiento instó a la propiedad a reparar algunas deficiencias, especialmente las bajantes, recuerda Nicasio. "Pero nunca lo hicieron", afirma. El comerciante paga 11.000 pesetas al mes por el alquiler de su local.Desde 1986, los dueños quieren declarar la casa -de cuatro plantas y buhardilla- en ruina. Después de un larguísimo proceso, el Tribunal Supremo ratificó la declaración de ruina y ordenó el desalojo inmediato. "Fue el 3 de marzo y nos dieron 48 horas para marcharnos", explica Abramo.

Al menos, los pocos inquilinos que quedan -el dueño de otro negocio y un vecino másserán oídos por un juez y, quizá, por el alcalde de Madrid. La cafetería ha puesto unos cartelones con el lema de la FRAVM: íSalvemos el casco histórico!. Nicasio ha propuesto, incluso, pagar la rehabilitación.

La corrala de Carlos Arniches y 5 y la casa natal de Besteiro no son casos insólitos. Ahora mismo, y sólo en el distrito de Centro, hay 84 edificios de máxima protección que tienen abierto un expediente de edificación deficiente, según la FRAVM, y que pueden acabar declarados en ruina por orden judicial. "En cada casa viven, por término medio, una diez familias. Son un montón de vecinos afectados", calcula María Roces, la responsable de vivienda en la federación.

"El Ayuntamiento no puede declararlos en ruina porque están protegidos, pero aconseja al dueño que vaya por la vía judicial para conseguir la ruina", dice María Roces. La portavoz vecinal calcula que cuatro de cada cinco contratos son de renta antigua y que la declaración de ruina es el mecanismo que los caseros utilizan para desprenderse de sus inquilinos, derribar el edificio y especular..

"La cuestión es sencilla", asegura Roces, "el plan Especial del casco histórico catalogó muchos edificios, incluso por motivos sociales: son unos 3.000 de protección integral. Pero luego llegó el decreto Boyer, en 1985, y permitió el cambio de uso del edificio". Eso empezó a mutar la atmósfera de unas calles diseñadas como espacio residencial. "Las casas del centro se resienten. No es lo mismo vivir en ellas que usarlas como centro de trabajo. Por otro lado, los caseros prefieren tener oficinas que inquilinos porque pagan el triple".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 25 de abril de 1993