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EL LABERINTO DE LA ADMINISTRACIÓN

El Arcipreste de Hita no lo entendería

Una familia lleva 53 años peleando por la devolución de unas tierras ocupadas ilegalmente

De los siete hermanos sólo quedan tres: Andrés, Enrique y Dolores. La madre y los demás no viven para creer lo que pasó. Hasta el primer cuarto de siglo, la familia Medrano Sánchez vivía en Hita, un pueblo alcarreño de estampa medieval que ha pasado a la historia por dar su apellido al autor del Libro de buen amor. Al morir el padre, la supervivencia de la prole se hizo difícil y se vieron forzados a emigrar a Madrid; la tierra no daba para comer.

En esto llegó la guerra. Y la mala suerte para Hita. Los obuses de uno y otro bando hicieron blanco del pueblo, ubicado en pleno frente de batalla. Casas, cabañas, almacenes, fueron pasto de la destrucción. Hita, como otros pueblos en similar condición, fue adoptado por la Dirección General de Regiones Devastadas, una institución creada en la posguerra para reconstruir los territorios arrasados por la barbarie.

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Sin mediar comunicación ni expediente expropiatorio alguno, Regiones Devastadas instaló sus dependencias y una vivienda en unas eras de los Medrano, entonces casi unos adolescentes. Durante el asedio de Madrid habían sido evacuados a Isabela, una población sumergida hoy bajo las aguas de los pantanos de Entrepeñas y Buendía. Pero en cuanto se dio por cumplida la tarea de Regiones Devastadas ya habían adquirido razón para seguir la pista a las propiedades que todavía les quedaban en el pueblo.

Libre de cargas

"Lo más lógico es que al terminar la reconstrucción de Hita demolieran el edificio de Regiones Devastadas y nos lo entregaran en su estado original. Al no hacerlo así, el 12 de abril de 1952 fuimos al Ministerio de la Vivienda de entonces e hicimos la petición de quedarnos con la casa, aunque tuviéramos que pagarla". Habla Enrique Medrano, el pequeño de los supervivientes, actor cómico de profesión. Su hermano Andrés y su cuñado Diego le acompañan y asienten.A instancias de los Medrano, el ministerio ordenó incoar un expediente que resolvió el 9 de octubre de 1953 en sentido favorable a los demandantes. Había que devolver a sus legítimos propietarios los terrenos ocupados, incluyendo los edificios, que valoraba en 50.000 pesetas.

"Nosotros no teníamos ese dinero. En aquella época era muy difícil reunir esa cantidad, así que propusimos en 1955 abonarlo en plazos de 2.400 pesetas anuales en 19 años y 5 meses". La respuesta de la Administración llego dos años después, el 3 de diciembre de 1957. No accedía a la solicitud del pago aplazado.

"A partir de esta negativa, iniciamos una lucha terrible que nos ha costado Dios sabe cuánto. Viajes a Guadalajara, a Toledo, al Ministerio de Obras Públicas..., vagando de un despacho a otro. En una ocasión", dice Enrique, "una chica joven llegó a decirme: 'A mí no me hable de Regiones Devastadas. Eso ya ha pasado a la historia'. 'Oiga usted', le dije, 'será pasada para usted, no para mí".

El expediente comenzó a vagar de un archivo a otro con tanta parsimonia como para que diera tiempo a que les crecieran canas a los Medrano y hasta a morirse a más de uno sin verlo resuelto. Pero los supervivientes no se desanimaron. "Queríamos hacemos una casa en el pueblo para tener un sitio donde ir en el verano", dice Enrique. Al crearse la figura del Defensor del Pueblo, fueron los primeros en acudir a él. Las primeras gestiones de Joaquín Ruiz Jiménez les desveló algo sorprendente: Julián San Miguel Dorado, un vecino que habitaba la vivienda en litigio, alegaba ser su propietario, según revelaba un recibo de compraventa al Estado por 16.000 pesetas fechado el 19 de julio de 1963.

El Defensor del Pueblo desempolvó el expediente y A punto estuvo de resolverlo, tras dictar la Comisión Liquidadora de Regiones Devastadas una resolución en marzo de 1986 por la que se ordenaba devolver las propiedades incautadas previo pago de 46.354 pesetas.

"Nos negamos a aceptarla. El ministerio intentó engañamos. ¿Se creen que somos tontos o qué? ¿Cómo íbamos a aceptar una casa con un señor dentro que dice ser su propietario? Mientras el documento no diga que la casa está libre de cargas, nosotros no firmarnos", dicen al alimón los Medrano.

San Miguel no se va de la casa; ha perdido todos los recursos que hubieran amparado su propiedad (el último fue desestimado en septiembre de 1992). Los Medrano esperan. Y Margarita Retuerto, defensora del pueblo en funciones, también espera a ver si el actual MOPT resuelve el litigio de la era de Hita que su famoso arcipreste difícilmente entendería.

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