Malas costumbres

La peripecia de los hermanos Medrano García con la extinta Dirección General de Regiones Devastadas colea desde finales de la guerra civil hasta hoy. Se trata de un caso. excepcional, no cabe duda, pero la experiencia del Defensor del Pueblo desde su creación es rica en quejas por la demora en la tramitación de expedientes de expropiación.El cúmulo de damnificados llevó a la Administración a investigar las causas de tales retrasos y el resultado fue una pésima calificación: el procedimiento de expropiación era uno de los puntos negros de la gestión administrativa, hecho que provocó su inclusión dentro de los programas escogidos por el Ministerio de las Administraciones Públicas para ser modernizados.

Todos los informes anuales que lleva realizados el Defensor del Pueblo incluyen un largo capítulo de quejas por la deficiente gestión expropiatoria. En el correspondiente a 1992, denuncia la práctica "habitual" de incumplir los plazos del pago de justiprecio. El sistema de responsabilidad por demora tampoco "satisface en su plenitud el perjuicio causado al expropiado", señala el Defensor, que sí reconoce, en cambio, que desde una perspectiva global ha mejorado la situación al haber aceptado el Ministerio de Obras Públicas y Transportes la recomendación de agilizar los pagos.

Así, en 1992 se abonaron en expropiaciones por obras en carreteras y obras hidráulicas 23.322 millones de pesetas, y para este año el MOPT ha habilitado por primera vez en sus presupuestos, a instancias del Defensor, una cuenta de 54.000 millones destinados a saldar todas las deudas pendientes.

El Defensor alaba el gesto del MOPT, pero advierte que quedan por subsanar unas cuantas malas costumbres, como: no reconocer intereses de demora, incumplir la obligación de pago cuando no hay acuerdo, dificultades sin fin para reconocer la reversión cuando hay lugar a ello, ocupar por vía de hecho los terrenos afectados por los contratistas, funcionamiento deficiente de los jurados provinciales de expropiación (evalúan los justiprecios) por falta de medios, uso abusivo del procedimiento de expropiación por vía urgente.