Clinton, entre la guerra comercial y la negociación

El de hoy será el tercer encuentro entre Brittan y Kantor, cuando la Administración Clinton se halla en la frontera del balance de los 100 días, saldado, en las relaciones comerciales con Europa, con un principio de guerra comercial (sanciones a las importaciones de acero, amenazas en mercados públicos, expresiones bélicas en construcción aeronáutica y agricultura) y con un principio de negociación, sin que ninguno haya tomado todavía la delantera sobre el otro.El presidente Clinton ha pedido ya al Congreso, para satisfacción y alivio de los europeos, la prolongación del mandato de negociación rápida o fast track, imprescindible para conseguir que la Ronda Uruguay concluya en abril de 1994 y no se prolongue varios años más, como sucedería sin mandato parlamentario para la Administración norteamericana. La Comisión Europea ha dado a conocer también, el pasado jueves, su noveno informe sobre las trabas al libre comercio por parte de Estados Unidos, en el que se señala la aparición de nuevos obstáculos y el mantenimiento de un nivel similar de agravios europeos.

Según el informe, Estados Unidos efectúa prácticas unilaterales "potencialmente ilegales desde el punto de vista del GATT". La CE señala la aplicación extraterritorial de la legislación comercial norteamericana, en detrimento de la soberanía de los otros Estados. Washington recurre con frecuencia creciente al concepto de "seguridad nacional económica" para justificar restricciones. La CE cita también las numerosas cláusulas de preferencia nacional o Buy American Acts y los obstáculos estructurales, principalmente en el cerradísimo mercado de las telecomunicaciones.

La CE denuncia otras barreras comerciales, como los derechos de aduana y los contingentes excesivos, las subvenciones a las exportaciones agrícolas, la fiscalidad sobre los automóviles europeos, la fragmentación normativa y jurídica del mercado norteamericano, las dificultades para entrar en el mercado de los servicios (banca, seguros, telecomunicaciones y radiofonismo) y las discriminaciones en propiedad intelectual (patentes y marcas).

El informe de la CE tiene carácter meramente instrumental, con el objetivo de facilitar la negociación y la mejora de las relaciones comerciales, mientras que el realizado por la Administración norteamericana tiene como finalidad la adopción de sanciones, según fuentes de la CE.