Becas

Por resolución de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica del 4 de diciembre de 1992 me fue concedida una beca del Programa de Especialización en la Agencia Espacial Europea para ser disfrutada desde el 1 de enero de 1993 hasta el 31 de diciembre del mismo año, y prorrogable durante un año más. La concesión de esta mi beca fue ratificada en el Boletín Oficial del Estado del 11 de enero de 1993, así como su dotación mensual (240.000 pesetas).Tras desplazarme al centro de la agencia que me fue asignado (Estec, Noordwijk, Holanda), se me comunica que allí no se tiene conocimiento oficial de mi beca y que no puedo incorporarme a él. Desde allí intento contactar con personas del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) en Madrid, organismo oficial tramitador de estas becas, perteneciente al Ministerio de Industria, y el funcionario de turno me comunica verbalmente -que no oficialmente- que me "olvide de la beca, que han metido la pata", pues no encuentran un tutor en ningún centro de la agencia espacial, preceptivo éste para llevarla a cabo.

En ningún momento figura en las bases de la convocatoria de estas becas (BOE, 31 de marzo de 1992) ninguna condición de pérdida o anulación de beca por ausencia de tutor, ni nada que remotamente se le parezca. ¿Cómo puede desdecirse una Administración de algo aprobado en el BOE simplemente arguyendo que "han metido la pata"?

He dirigido escritos solicitando ayuda al ministro de Industria, señor Aranzadi; al director del CDTI, Humberto Arnés; a la Agencia Espacial Europea, que me remite de nuevo al CDTI; a abogados que no acaban de entender cómo se ha llegado a esta situación... Y todavía sigo esperando una solución. Nadie dice ni sabe nada. De momento, mi incipiente carrera profesional se ha visto truncada (estaba en el paro, uno más, y vuelvo a él); mis ganas (¡y mi dinero!) de entablar un pleito con la Administración reclamando el respeto de mis derechos son ínfimas por mi absoluta desconfianza en la rápida y eficaz justicia de este mi país (me dicen los juristas que se necesita un mínimo de tres años para resolver esta ridícula situación), y además he incurrido en unos gastos de desplazamiento financiados con préstamos y que no me han sido reembolsados. Y lo más grave es que las aspiraciones de una persona que pretendía, ¡qué iluso!, contribuir al tan necesitado desarrollo de la pobre industria espacial española me las he tenido que tragar, de momento, dobladas y aliñadas con Impotencia.-