Rutskói acusa de corrupción a los reformistas

El vicepresidente de Rusia, Alexándr Rutskói, anunció ayer que no piensa dimitir y acusó a varios altos cargos del Estado ruso de supuesta corrupción durante la puesta en práctica de la reforma económica, la privatización y varias operaciones de exportación de materias primas. Además, Rutskoi puso en duda la capacidad de los dirigentes del Estado para gestionar honestamente la ayuda occidental que le ha sido prometida a Rusia

"A mí, como al presidente, me ha elegido el pueblo y sólo el pueblo puede decidir mi destino", dijo Rutskói, que intervino ante el Sóviet Supremo (parlamento) ruso en calidad de jefe de la Comisión Interdepartamental de Lucha contra la Delincuencia y la Corrupción, un organismo dependiente del Consejo de Seguridad.El vicepresidente, que ha sido privado de su Mercedes oficial y de la mayoría de su escolta, está hoy en conflicto abierto con el presidente, Borís Yeltsin. Éste ha anunciado su intención de pedir a Rutskói que dimita y también de destituirle como responsable de Agricultura.

Los empresarios rusos acogieron ayer con una carcajada de incredulidad las declaraciones de Yeltsin, según el cual el ritmo de la inflación había descendido a un 17% durante el mes de marzo. Yeltsin se manifestó así ante el Congreso de la Unión de Industriales y Empresarios de Rusia, que comenzó ayer en el Krenilin.

Rutskói lanzó una ofensiva contra los principales responsables de la reforma económica y puso en entredicho al mismo presidente, al afirmar que éste no ha llevado una política consecuente de lucha contra lo que, según el vicepresidente, es un latrocinio generalizado de la propiedad estatal.

Rutskói se refirió a una "oleada de delincuencia" que se ha abalanzado sobre Rusia y dijo que el aumento generalizado de la criminalidad es consecuencia directa de la terapia de choque económica. El crimen organizado controla, según Rutskói, hasta el 40% del Producto Nacional Bruto. Los grupos mafiosos, dijo, se preparan para utilizar los fondos que van a invertir en Rusia los países occidentales. Rutskói responsabilizó al viceprimer ministro, Alexánder Shojin, del caos que, según dijo, existe en la gestión de la ayuda humanitaria.

El sistema delictivo surgido en Rusia pretende tener el papel dominante, no sólo en la economía, sino también en la política, dijo Rutskói. El vicepresidente acusó al ex jefe del Gobierno, Yegor Gaidar; al ex secretario de Estado, Guennadi Búrbulis; al presidente del Comité de la Propiedad Estatal, Anatoli Chubáis; y a Alexándr Shojin, de haber entorpecido la creación de organismos investigadores de la corrupción y de haber permitido operaciones económicas de dudosa legalidad, tales como la venta a precios de saldo de la propiedad estatal a empresas occidentales.

Rutskói calculó en 17.000 millones de dólares la fuga de divisas producto de las ventas de materias primas y recursos estratégicos, y manifestó que en 1992, volvieron a Rusia 11.000 millones de dólares del total de 38.000 millones de beneficios de la exportación.

Según Rutskói, el ex jefe del Gobierno, Yegor Gaidar, transgredió las normas sobre el monopolio estatal y permitió exportar metales y piedras preciosas a una empresa de Yekaterimburg, la ciudad de los Urales donde Yeltsin fue máximo dirigente comunista durante casi una década.

El vicepresidente se refirió también a los robos de la propiedad del Ejército soviético en territorio alemán y en el Extremo Oriente y a los "generales que continún en activo", pese a las acusaciones de corrupción que pesan sobre ellos. Rutskói acusó a Mijaíl Poltaranin, el jefe del Centro Federal de Información, de haber intentado dar casi regalada la Casa de la Cultura Soviética, situada en el centro de Berlín. Este edificio, de 29.000 metros cuadrados, tenía, según Rutskói, un valor de más de 500 millones de marcos.

Estadio regalado

Entre los casos de privatización a precios regalados, Rutskói citó la venta de un estadio de Moscú por el precio de 25 coches utilitarios rusos y la venta del puerto comercial de Najodka (en el Extremo Oriente ruso) por algo mas de 18 millones de rublos (23.000 dólares al cambio actual).El Parlamento ruso ordenó una investigación sobre los hechos citados por el vicepresidente a una comisión del Congreso de los Diputados (superparlamento) y decidió enviar los documentos a la Fiscalía General. Asimismo, ordenó al Presidium del Soviet Supremo proteger al vicepresidente y a los miembros de la comisión investigadora.

Por otra parte, el Tribunal Supremo decidió ayer suspender indefinidamente la vista de la causa contra los golpistas de agosto de 1991. El motivo de la suspensión es el estado de salud de uno de los acusados, Alexandr Tiziakov, ex dirigente de la Unión de Industriales y Empresarios de la URSS.