Rigor asistencial

EL PASADO martes, el BOE publicaba, además de la convocatoria anticipada de las elecciones, el Decreto de Financiación Selectiva de Medicamentos, que busca una mayor racionalización en el gasto farmacéutico. Una decisión loable por dos motivos: objetivamente, porque dicho gasto -cerca del medio billón de, pesetas anuales- supone ya cerca del 20% del gasto sanitario total; de ahí que todo intento de contener la sangría presupuestaria no pueda ser criticado desde la razón sino desde la demagogia o los intereses particulares inconfesados. ¿Qué otros intereses que los económicos puede apoyar la caverna, que con una mano fustiga al déficit público y con la otra los intentos de domeñarlo?Pero la decisión de no eludir las responsabilidades, pese a que el momento de su publicación -una decisión subjetiva- pudiera ser poco oportuna por la coincidencia del inicio de la precampaña electoral, muestra también un intento de rigor político en el que el oportunismo parece alejarse de las intenciones de los responsables de Sanidad.

A grandes líneas, el decreto trata de moderar el gasto en aquellos medicamentos considerados menores dentro de los sufragados por la Seguridad Social y, además, introduce una revisión anual de la lista de productos en función de criterios de competitividad: es decir, de eficacia y precio. Es evidente que cualquier recorte drástico en las prestaciones sanitarias puede suponer un aumento del malestar general entre sus beneficiarios pero no lo es menos que la viabilidad para la supervivencia de una política asistencial aceptable ha de basarse en el rigor y el control del gasto público. Así lo entienden desde hace tiempo los países más desarrollados y así lo aconseja el sentido común.