El Tribunal Supremo rechaza el recurso de los golpistas que niega validez al juicio

El juez del Tribunal Supremo que dirige la vista de la causa contra los golpistas que en agosto de 1991 intentaron acabar con la perestroika de Gorbachov, y que en cambio precipitaron el hundimiento de la Unión Soviética, se negó ayer a aceptar el recurso mediante el cual los 12 acusados, en su mayoría ex altos cargos de la desaparecida URSS y del partido comunista, cuestionaron la legitimidad de la corte militar que ayer les empezó a juzgar.

El proceso, que puede tener un carácter desestabilizador en la política rusa, comenzó a las 10.20 horas en la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, en el centro de Moscú. La sesión vespertina tuvo que ser interrumpida cuando uno de los acusados, Alexandr Tiziakov, ex presidente de la Asociación de Empresas Estatales de la URSS, se sintió indispuesto.Anatoli Lukiánov, ex jefe del Parlamento soviético, y otros acusados pidieron el cese del fiscal general, Valentín Stepankov, y amenazaron con negarse a responder a las preguntas que les sean formuladas en el proceso si no se satisface su demanda.

Los acusados, encabezados por el ex vicepresidente de la URSS, Guennadi Yanáiev; el exprimer ministro soviético, Valentín Pávlov; el ex ministro de Defensa, Dmitri Yázov; el ex jefe del KGB, Vladímir Kriuchkov; el ex responsable de la Industria de Defensa soviética, Oleg Baklánov, y el propio Lukiánov llegaron a su cita con los tribunales tras marchar durante una hora en procesión rodeados por cientos de seguidores que les vitoreaban y hacían ondear banderas rojas por las calles próximas al edificio del Tribunal Supremo.

Los abogados de los golpistas mostraron ayer una táctica bien coordinada. En primer lugar, arremetieron contra la legitimidad del tribunal y, para ello, cuestionaron a los dos jueces populares, ayudantes del juez principal, que desempeñan el papel de un jurado en el procedimiento judicial heredado de la URSS.

Estos dos jueces populares son, respectivamente, un general en activo y un general retirado. Contra el general en activo intervino el abogado de Yanáiev, Abdulá Yanizáiev, según el cual un militar en activo es incompatible con la presencia en calidad de testigo del ministro de Defensa, Pável Grachov, un personaje clave en el fracaso del golpe. El general retirado fue impugnado en función de una ley de 1958, según la cual los jueces militares tienen que estar en activo.

Además de las objeciones contra los jueces, los golpistas impugnaron al tribunal en su conjunto, por considerar que este organismo es parte del sistema institucional soviético que ha perdido su validez al desaparecer el Estado que lo sustentaba.

Varios de los abogados defendieron la tesis según la cual los tribunales rusos no tienen derecho a juzgar a los golpistas, ya que estos actuaron en el territorio de varias repúblicas de la URSS. Propusieron la creación de un tribunal conjunto donde estuvieran representadas las repúblicas que en agosto de 1991 formaban parte de la URSS y que hoy son independientes.

Secretos en un libro

Después de que el juez, Anatoli Ukólov, vicepresidente de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, rechazara los recursos contra el tribunal, los golpistas pasaron a impugnar a los acusadores, que se subordinan al fiscal general, Valentín Stepankov. Este funcionario utilizó secretos del sumario para escribir un libro sobre el golpe, y esta circunstancia, junto con las filtraciones publicadas por el semanario alemán Der Spiegel, sirvió ayer de base a la defensa para impugnar a la fiscalía.Los acusados han presentado una demanda por daños morales contra Stepankov, que debe ser examinada el 26 de abril en un juzgado de distrito de Moscú, según manifestó Lukiánov. Este jurista, que en el pasado mostró gran habilidad para manipular las sesiones del Sóviet Supremo, de la URSS, intentó involucrar al presidente de Rusia, Borís Yeltsin, quien había declarado que la investigación del golpe iba a hacerse bajo su control personal. Según Lukiánov, éstas declaraciones de Yeltsin supusieron una presión sobre la instrucción de la causa.

YeItsin toma distancias

El presidente ruso se desmarcó ayer del fiscal general, que fue uno de los altos cargos que intervinieron en contra de Yeltsin después de que éste declarara su intención de imponer un régimen especial de Gobierno el pasado 20 de marzo. En una rueda de prensa celebrada ayer en el Kremlin, Yeltsin lamentó que los primeros diez días del juicio coincidan con la campaña electoral, pero dijo confiar en que la abundancia de problemas de procedimiento hará que el tribunal no pase a la esencia del asunto antes del referéndum, que tiene lugar el próximo día 25.La acusación básica contra los golpistas es de traición a la patria en forma de conspiración con el fin de tomar el poder. Al juicio asistían ayer parientes de los tres jóvenes que murieron en la noche del 20 al 21 de agosto de 1991, cuando un grupo de personas que salieron a la calle para apoyar a Borís Yeltsin tuvieron un violento enfrentamiento con un tanque del Ejército.

El juicio se celebra con una restringida asistencia de público en una pequeña sala, donde aparte de jueces, fiscales, abogados y acusados entraron ayer los familiares de estos últimos, a razón de dos por cada uno de ellos, y una quincena de periodistas rusos. A última hora, la Asociación de la Prensa Extranjera consiguió una sola plaza para la comunidad de centenares de corresponsales acreditados en Moscú, aunque al principio no estaba prevista la asistencia de medio extranjero alguno.