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ELECCIONES ANTICIPADAS EL 6 DE JUNIO

El Supremo califica de "deslealtad procesal" la actitud del Partido Popular en el 'caso Filesa'

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha calificado de "simple aberración" un recurso formulado por el Partido Popular (PP) en el que se decía que este tribunal no debía interferir en la actuación del juez instructor Marino Barbero. El Supremo llega a calificar de "deslealtad procesal" algunas de las objeciones del PP, y se muestra tajante al señalar que la Sala Segunda es "el superior funcional del instructor" y que éste no puede moverse dentro de "una especie de coto reservado". Paralelamente, el responsable de asuntos jurídicos del PP, Federico Trillo, acusó ayer al PSOE de presionar al Tribunal Supremo en el caso Filesa y dijo que este tribunal es el que debe seguir teniendo la competencia del caso.

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El recurso del PP se interpuso contra el requerimiento de la Sala al juez Barbero para que "sin demora" acordase si se debían o no dirigir a las Cortes los suplicatorios para proceder contra los parlamentarios del PSOE Carlos Navarro y Josep Maria Sala. Según la respuesta del Supremo, el recurso contiene una serie de "argumentos descentrados", a los que puntualmente responde."Que se diga una vez más que esta Sala no debe interferir la actuación del instructor es una simple aberración", aseguran los magistrados, para quienes este tipo de afirmaciones puede ser lícito hacerlas "a los medios de comunicación social", que no son "técnicos en materia jurídica", pero "en manera alguna si se vierten en escritos dirigidos a un órgano jurisdiccional y aún menos cuando el destinatorio es el Supremo".

Ese argumento del PP, según el alto tribunal, "silencia una obviedad": que la Sala Segunda "es el superior funcional del instructor, quien está sometido a sus decisiones" tanto en materia de recursos, como en el control de su actividad instructora. En otro apartado, el auto indica a la representación legal del PP que "extrapolar interesadamente lo decidido por esta Sala en la causa especial 610/90 no es correcto".

Por su parte, Trillo dijo en rueda de prensa que su partido no puede tolerar las maniobras e injerencias de todo tipo que por parte del PSOE están tratando de interferir el proceso" del distinto, son posteriores y derogarían esta norma.

Trillo también acusó al presidente del Senado, Juan José Laborda de "atreverse a indicar que la competencia de este asunto debe pasar ya al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña".

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Sin embargo, el presidente del Tribunal Supremo, Pascual Sala, se pronunció en el mismo sentido que Juan José Laborda y dijo en Las Palmas de Gran Canaria que lo previsible es que los procedimientos que se siguen contra aforados, entre los últimos días en un convento situado a 50 kilómetros de Madrid para estudiar una amplia documentación sobre derecho procesal y repasar las investigaciones del caso Filesa.

Las fuentes indicaron que el magistrado habría pasado en las últimas horas de una primera posición favorable a la declaración de incompetencia del Tribunal Supremo, a otra según la cual estima que hay razones procesales fundamentadas para que el citado tribunal mantenga su competencia.

En el juez están pesando dos factores importantes, según manifestaron las fuentes, Por ellos el caso Filesa, sean remitidos a la jurisdicción ordinaria.

El ex senador de Herri Batasuna Iñigo Iruin, que tiene un proceso abierto en el Supremo por presunta colaboración en el cobro de impuesto revolucionario, también argumentó la vigencia de la ley de 1912 y señaló que si el Supremo interpreta ahora que está derogada y que las causas contra aforados pasan a juzgados ordinarios se deberá al caso Filesa. Iruin considera que si el Supremo decide inhibirse en su caso, éste correspondería al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y no a la Audiencia Nacional, ya que él es parlamentario vasco.

Por otro lado, el presidente de la Sala Segunda del Supremo, Enrique Ruiz Vadillo ha archivado la querella del presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, contra el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Jose Luis Manzanares. Este magistrado calificó de "ruin" una intervención de Rodríguez Ibarra en la que éste se refirió a la forma en que el juez Barbero recibió su vivienda.

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