PSOE y PP podrán gastar casi 3.000 millones en la próxima campaña

Los partidos socialista y popular, que son los mejor situados en la carrera por La Moncloa, podrán gastarse en torno a 2.800 millones de pesetas cada uno en la próxima campaña, de acuerdo con los criterios sobre límites de gastos establecidos por la ley electoral. Ese tope es inferior en un 15% al de las anteriores legislativas, puesto que hace dos años se aprobó una rebaja del mismo. Con la disolución anticipada de las Cortes ha ido al cesto de los papeles una nueva reforma, que reducía aún más dicho límite e incrementaba los poderes de la Junta Electoral Central para verificar que los gastos se ajusten a la ley.

El tope legal se situó en los 3.300 millones en las legislativas de 1989 y, por descontado, ningún partido confesó haberlo traspasado. En los últimos meses se había producido suficiente consenso parlamentario para rebajar los topes de gastos en campaña hasta los 2.000 millones, y en vísperas de la Semana Santa quedó aprobado ese proyecto en la comisión del Congreso.Pero la disolución anticipada de las Cortes ha extinguido tales propósitos. Los partidos que se presenten en toda España podrán utilizar 2.200 millones en gastos de campaña decididos por ellos mismos, y otros 600 millones más en un mailing, dedicado al envío directo y personal a los electores de publicidad electoral. La cifra exacta será fijada en los próximos días por el Ministerio de Economía, al que la ley atribuye la competencia de actualizar las previsiones legales teniendo en cuenta los índices de precios al consumo.

Sin embargo, los descubrimientos de casos de presunta financiación ilegal de partidos hace que los topes legales hayan perdido credibilidad. Además, los mecanismos ideados para su vigilancia y cumplimiento efectivo, desde fuera de los propios partidos implicados en la contienda, han quedado aplazados.

Ha existido una propuesta del CDS para poner a disposición de la Junta Electoral Central -integrada por magistrados- a los funcionarios del Tribunal de Cuentas, para que puedan inspeccionar y verificar las denuncias o sospechas que puedan producirse en el momento mismo de la campaña, y no en el proceso posterior de verificación por el Tribunal de Cuentas. Pero tal propuesta se ha extinguido junto con los otros 30 proyectos de ley decaídos tras la disolución de las Cortes.

Ingresos y gastos

La reforma que no ha llegado a ver la luz dejaba intacto el problema de las fuentes de obtención de tales recursos. A efectos legales, continúan vigentes las estrictas limitaciones a las donaciones privadas. Y eso que las cifras declaradas por los partidos respecto al triple proceso electoral de 1989 -año en que se celebraron elecciones al Parlamento Europeo, legislativas y autonómicas de Galicia- muestra una considerable diferencia entre gastos e ingresos legales confesados.

Fue el año de la refundación del PP y de la primera campaña de José María Aznar como candidato de esta formación política a La Moncloa; también fue el año en que Manuel Fraga ganó las elecciones de Galicia con mayoría absoluta. Pues bien, las campañas del PP de 1989 se saldaron con una diferencia de 1.600 millones entre gastos realizados y los ingresos obtenidos específicamente para las mismas por medio de la financiación pública.

En ese año, el PSOE luchó duramente por mantener su hegemonía electoral -perdió la mayoría absoluta, aunque sólo por un escaño- y declaró una diferencia de 1.500 millones entre gastos e ingresos.