La ley eléctrica

UNO DE los compromisos más importantes del Gobierno -de su ministro de Industria, Comercio y Energía- pendientes todavía de cumplimiento es la presentación al Parlamento de la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico. Su aprobación ayer por el Consejo de Ministros, y es de esperar que su urgente tramitación en el Parlamento, permite deducir que no quedará incumplido.El proyecto trata de revestir de la máxima seguridad jurídica la ordenación y regulación de un sector de singular importancia para la economía española hasta ahora caracterizado por la existencia de numerosas y complejas normas de diferente rango, y no siempre de clarificadora interpretación. Junto a ese enjambre de normas nacionales coexisten todas aquellas de derecho comunitario que afectan directa o indirectamente al sector.

Esa complejidad jurídica y la necesidad de definir claramente unas reglas de actuación que reduzcan incertidumbre y discrecionalidad en la adopción de decisiones empresariales y políticas en el sector justificaban el propósito anunciado hace tiempo por el ministro de Industria de elaborar una ley que lo ordenara. El Consejo de Estado emitió el pasado 25 de marzo un dictamen globalmente favorable a la misma que, en todo caso, eliminaba algunos de los recelos y temores que se habían manifestado durante la fase de elaboración y consultas del anteproyecto.

Aspectos inicialmente controvertidos como el carácter público de todas las actividades que tienen por objeto el suministro de energía eléctrica dentro del Sistema Integrado (desde la generación hasta la comercialización), así como la gestión de la explotación unificada del Sistema Eléctrico Nacional, encomendada a la empresa de mayoría pública Red Eléctrica, además de continuar la tradición reguladora del sector, son respaldados por el Consejo de Estado como compatibles con la presencia de la iniciativa privada y, en definitiva, con los principios constitucionales al respecto. Compatibles, en suma, con la exigencia de planificación global del sector por parte de la Administración.

La separación jurídica enunciada en el anteproyecto de la ley entre las actividades de generación y distribución de la energía eléctrica constituye una innovación de la norma que busca compatibilizar las ventajas derivadas de la transparencia en el proceso de formación de precios y de especialización en las distintas actividades con la introducción de mayores dosis de competencia en las mismas. Todo ello sujeto a un gradualismo en su aplicación que, en principio, debe permitir a las compañías la necesaria adaptación, y al sector, su armonización con el conjunto de la Comunidad Europea.

La normalización reguladora que llevará consigo la aprobación de la ley en modo alguno da por zanjadas las tareas de adaptación que el sector tiene pendientes. A las compañías les corresponde ahora consolidar algunos de los procesos de reestructuración empresarial emprendidos en los últimos meses, superando no pocas ineficiencias e introduciendo las necesarias mejoras en la gestión y en la situación financiera. También, y muy especialmente, tendrán que superar esa aparente incapacidad para encontrar un ámbito en el que coexistan los intereses particulares de algunas compañías y los del conjunto de un sector tan esencial en la actividad económica y financiera de nuestro país.