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Oro bajo la alfombra de Kanemaru

Los casos de corrupción en Japón se acumulan en la Fiscalía de Tokio

Juan Jesús Aznárez

Una trampilla debajo de la alfombra del dormitorio ocultaba los lingotes de oro del padrino. En la caja fuerte familiar había amontonado 45 millones de yenes (cantidad similar en pesetas) en efectivo, y el resto, hasta un total de 6.000 millones, fue descubierto en bonos y obligaciones bancarias camufladas. El caudillo Shin Kanemaru, que decidió el nombre de los tres últimos jefes del Gobierno de Japón, pidió perdón al ser detenido.

Han pedido también perdón, de oficio, todos los reos por corrupción. Procesado por evasión masiva de impuestos, las pruebas contra el patrón Kanemaru parecen irrefutables. El último testigo de cargo implica a su fallecida esposa en la adquisición de pagarés.La suciedad política y las evidencias de complicidad entre el poder y los negocios se acumulan en la Fiscalía de Tokio, como los billetes de 10.000 yenes atesorados en fajos por el capataz liberal. Kanemaru, de 18 años, que hasta hace pocos días tomaba la lección al actual jefe del Gobierno, Kiichi Miyazawa, pagó la fianza más alta impuesta nunca a un político nacional, 300 millones de yenes, después de tres semanas de arresto preventivo. No era para menos. Los millones bajo sospecha aumentan, y faltan por escrutar 7.000 documentos requisados en medio centenar de despachos y constructoras sospechosas de escamotear al fisco o supuestamente compinchadas con el capo en desgracia del partido que gobierna Japón desde 1955. La trampa investigada es la de siempre: contratos y protección a cambio de multimillonarias contribuciones bajo manga.

Las primeras conclusiones indican que el procesado, además de recaudar fondos para financiar la costosa campaña electoral de su facción dentro del partido, quiso enriquecerse personalmemte. ¿Cómo? Mediando a doblón entre grandes compañías del sector de la construcción y sus amigos en el ministerio encargado de asignar obras públicas presupuestadas en miles de millones. Algunos contratistas, agradecidos, correspondían con la donación de locales o participando activamente en apoyo de los candidatos del partido.

El primer ministro, Kíichi Miyazawa, y los liberales, cuya popularidad registra mínimos, anunciaron el miércoles pasado cuatro proyectos legislativos encaminados a controlar la procedencia y utilización de los fondos políticos y a reformar el sistema electoral. El encomiable propósito, desempolvado en las crisis, apenas si ha despertado entusiasmo en un país acostumbrado a la corrupción estructural y al incumplimiento de promesas de quienes terminarían formando parte de los escombros si se aplicase con rigor la operación de limpieza.

Moderación

Un cargo del partido gubernamental, cuyos representantes parlamentarios tiemblan ante una posible auditoría de sus ingresos y gastos, dijo confiar en la moderación de los investigadores para no entorpecer la celebración en Tokio de dos acontecimientos importantes: la boda del príncipe heredero en junio y la cumbre del Grupo de los Siete en julio. Paralelamente a esta declaración, que aconseja subordinar el trabajo de los fiscales al entorno medioambiental- se publicaban los resultados de la última encuesta de opinión: sólo el 3% de los japoneses confía en sus políticos. Tsuyako Nakamura, una antigua enfermera de 65 años, resumía en una espontánea declaración callejera un significativo estado de ánimo. "La detención de Kanemaru debió haberse producido antes. Y los fiscales tenían que haber investigado más a Takeshita (antiguo primer ministro). Lamento que esta gente nos represente en el Parlamento. Los ciudadanos tenemos parte de culpa en todo esto por consentirlo".Shin Kanemaru, que aguarda en libertad provisional el comienzo del proceso y que renunció a su escaño parlamentario en octubre tras admitir el cobro ilegal de 500 millones de yenes, está acusado de una evasión fiscal, entre 1987 y 1989, calculada en 1.000 millones de yenes. Contrariamente a otras ocasiones, la Fiscalía de Tokio ha demostrado diligencia y celo, y prepara nuevas imputaciones en este mayúsculo caso por corrupción.

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Un ejecutivo de una empresa constructora relacionada con el escándalo confesaba el apuro en que se vió un compañero encargado de entregar varios millones de yenes a un político. "Cuando llegó a la oficina del político con la bolsa que contenía el efectivo, se cruzó en el pasillo con otro empleado de una empresa de la competencia. También portaba la misma bolsa".

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