Difamación

LA INCLUSIÓN en el proyecto de nuevo Código Penal de los supuestos identificados con el antiguo delito de difamación constituye una respuesta equivocada a un problema real. Problema real porque en nombre de la libertad de expresión se cometen en España, y en otros muchos países, abusos ciertos. Pero respuesta equivocada porque dispara con munición inadecuada y provoca riesgos proporcionalmente mayores que los que previene.Un código con vocación de pervivencia -y el actual es centenario- debe trascender la coyuntura y apoyarse en un consenso social, y no sólo político, más amplio que el requerido por una ley ordinaria. De ahí la importancia del debate público sobre esta cuestión. Así se ha hecho, o intentado hacer, en relación a otros asuntos controvertidos, como el del aborto. Sería lógico, pues, que los legisladores tuvieran en cuenta la razonada oposición a la tipificación penal de la difamación expresada tanto por informadores y asociaciones profesionales de periodistas como por juristas especializados en derechos fundamentales. Y ello, lejos de corporativismos, pues la libertad de prensa en nuestra Constitución es tanto más un derecho de los ciudadanos a obtener información que de sus intermediarios a ofrecerla: en todo caso, este último es corolario del primero. El hecho de que partidos de ideologías muy alejadas se hayan opuesto también al planteamiento de los socialistas, hasta el punto de condicionar su apoyo al nuevo código a la retirada del artículo correspondiente, es otro reflejo del temor que suscita el criterio seguido por el PSOE en esta cuestión, y que identifican con un intento de introducir la autocensura en los medios de comunicación.

Pero respuesta equivocada, sobre todo, porque al reservar un tratamiento penal singularizado a quienes tienen por oficio mediar entre la opinión de los ciudadanos y los poderes, se está distorsionando el equilibrio en que se apoya el sistema de límites sociales propio de una sociedad democrática moderna. No es posible aceptar que gran parte del debate que antes se circunscribía a los parlamentos se ha trasladado a los medios de comunicación y, a la vez, poner a éstos bajo sospecha y sometidos a amenazas exclusivas -como esa tan absurda de la inhabilitación: como si existiera la habilitación previa para poder expresarse en los medios-. Nunca la limitación de un derecho fue respuesta a los abusos cometidos en su nombre.