El juez apela a la conciencia de los médicos en un juicio por contagio de sida

El juicio sobre la primera querella presentada en Cataluña por contagio del virus del sida mediante una transfusión sanguínea hospitalaria, que se celebró ayer en Barcelona, planteó como cuestión fundamental si los médicos deben hacer prevalecer su conciencia profesional por encima de la inexistencia de una normativa que les obligue a realizar determinados análisis. La querella, que fue interpuesta por Apolonia Pasamontes, fallecida a causa del sida en agosto de 1991, prosigue de la mano de sus herederos. La mujer fue contagiada por una transfusión sanguínea en mayo de 1986 en el hospital dé Vall d'Hebron durante el transcurso de una operación de útero. La Generalitat hizo obligatoria la prueba del sida en la sangre de los donantes a partir de octubre de ese mismo año.La acusación pidió una indemnización de 45 millones de pesetas para el hijo de la fallecida, así como 150.000 pesetas de multa y penas que suman un año de prisión menor y nueve meses de arresto mayor para cada uno de los cuatro médicos a los que inculpó. La fiscal solicitó la libre absolución al igual que la defensa de los encausados.

El director médico del hospital, Jordi Bardina, junto con el jefe del servicio de hematología y hematoterapla del centro, José Triginer, y cuatro médicos más, dos de ellos jefes de sección y los otros dos médicos adjuntos, comparecieron en el banquillo de los acusados y justificaron la falta de control de la sangre procedente de donaciones en aquellas fechas por la ausencia de órdenes superiores al respecto.

El juez titular del Juzgado número 6 de lo Penal de Barcelona, Josep Miquel López, preguntó a los facultativos si consideraban que su conciencia profesional tenía que estar por encima de la normativa administrativa.

Jordi Bardina, afirmó durante la vista oral que en esas fechas no se realizaban masivamente las pruebas del sida porque la enfermedad "era un gueto de drogadictos y homosexuales". El juez reprendió al doctor por entender que las declaraciones eran discriminatorias hacia esos colectivos y le dijo que acababa de hacer "una afirmación muy grave".