El general Ponce ataca el informe de la ONU sobre los crímenes en El Salvador

El general René Emilio Ponce, uno de los principales acusados de la matanza de los jesuitas en El Salvador, reapareció en su cargo de ministro de Defensa, 12 días después de haber presentado su renuncía, con un duro alegato televisado el martes a todo el país contra el reciente informe de la Comisión de la Verdad de la ONU que aclara los principales crímenes perpetrados en este país durante los 12 años de guerra civil. Ponce dijo que el informe trata de destruir al Ejército, institución que el general intentó presentar unida y cerrando filas en torno a su persona.

En su desafiante discurso, Ponce calificó de amenaza actual al FMLN (Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional), hoy convertido legalmente en partido, y advirtió que su proyecto político ataca la seguridad, el bienestar y la paz de su país. "La fuerza armada, como institución al servicio de la nación, usará los recursos legales necesarios y que considere suficientes como derecho de legítima defensa contra quienes promuevan su destrucción y la de la República", dijo.Rodeado por el alto mando militar, Ponce calificó el informe, elaborado para la ONU por tres notables políticos extranjeros, de "injusto, incompleto, ilegal, antiético y atrevido, cuyo tratamiento parcializado" según sus palabras, "denota una clara intención de destruir la institucionalidad, la paz social y la fuerza armada".

Dijo asimismo que el Ejército, que se siente orgulloso de todo lo que ha hecho en estos 12 años de guerra, "no puede aceptar que en el informe se desconozcan sus atribuciones constitucionales, consistentes en defender a la patria de la agresión en cualquiera de sus formas". Y añadió que siempre actuó para "salvar al país de la dictadura comunista, en función de los más trascendentales objetivos nacionales y en cumplimiento de órdenes derivadas de las autoridades del Estado".

Esta última referencia al poder civil, se interpretaba ayer como una llamada de atención al presidente Alfredo Cristiani, comprometido con la ONU en la transformación de su país, preocupado por su imagen de cara al exterior y en ningún modo dispuesto a asumir responsabilidades del pasado que, de momento, van dirigidas exclusivamente al mando militar.

Rodeado por la cúpula militar

La intervención de Ponce, uno de los militares que se beneficiarán de la precipitada amnistía recientemente aprobada, se produjo en la noche del martes. Los cinco canales de televisión del país interrumpieron su programación habitual y presentaron al general en uniforme de paseo, con todos sus atributos de ministro de Defensa y rodeado de una veintena de altos jefes militares, entre ellos la actual cúpula de mando y los comandantes de las seis brigadas de infantería que forman la estructura del Ejército.Todos los militares que aparecieron en pantalla eran conocidos. Entre ellos, con caras largas, se encontraban los altos jefes que, junto a Ponce, son acusados por la Comisión de la Verdad de estar involucrados en los principales crímenes cometidos durante los últimos 12 años de guerra, entre ellos el viceministro de Defensa, general Juan Orlando Zepeda, conductor de la matanza de los jesuitas.

Ponce fue introducido por el portavoz civil del Gobierno, Ernesto Altschul, y sus primeras palabras fueron para decir que su presencia en televisión contaba con el permiso del presidente Cristiani. Éste, sin embargo, estuvo gran parte del día de ayer en Guatemala, aunque se sospecha que en todo momento estaba enterado de la intención de los militares, lo que algunos sectores gubernamentales calificaron como una actitud de legítima defensa.

El militar salvadoreño dijo que el informe tergiversa la realidad histórica y formula acusaciones carentes de fundamento. "La Comisión de la Verdad ha excedido las facultades que se le pudieron haber atribuido por los acuerdos de paz, invadiendo el campo de lo constitucional y de la sana administración de justicia", añadió, sin reconocer en ningún momento los delitos que se le atribuyen ni explicar por qué había vuelto a ejercer el cargo del que aparentemente ya había dimitido.