El PSOE rechaza todas las enmiendas de la oposición la ley de huelga en el primer trámite del Senado
El proyecto de ley de huelga pasó ayer su primer trámite en el Senado sin haber sufrido ninguna modificación significativa. El Grupo Socialista incorporó al texto las dos enmiendas "de mejora técnica" presentadas el sábado pasado y rechazó todas las de la oposición en el trámite de ponencia. Queda todavía la posibilidad de cambiar la norma a su paso por la comisión y el pleno, pero el ponente socialista, Joaquín Galán, dejó claro que, en todo caso, serán nuevos cambios 6"técnicos", "compatibles con el pacto logrado con los sindicatos y con la filosofía defendida por el PSOE".
El grupo parlamentario socialista, controlado por el sector guerrista, parece poco proclive a cambiar el proyecto de ley de huelga en el sentido que proponen los empresarios y miembros de su propio partido, como el ministro de Economía, Carlos Solchaga. El ponente del PSOE en el Senado, Joaquín Galán, vaticina que "a la CEOE y al Círculo de Empresarios seguirá sin gustarle la ley", aunque admitió que todavía pueden introducirse modificaciones en la norma a su paso por la ponencia y el pleno. En consecuencia, el camino largo y lleno de sobresaltos recorrido por el proyecto de ley de huelga aún no ha acabado.Ayer, existía la posibilidad de que el PSOE accediera, a propuesta de otros grupos parlamentarios, a introducir algunos cambios. Sin embargo, rechazó las 70 enmiendas de la oposición y se limitó a incorporar al texto de la ley las dos enmiendas socialistas presentadas en el Senado el sábado.
Una de ellas, aprobada por unanimidad, se refiere al artículo 13.4, donde se añade que corresponde a "la autoridad laboral" ejercer el arbitraje obligatorio para fijar el contenido mínimo de los acuerdos estables de servicios mínimos. La segunda enmienda, aceptada por mayoría, afecta al artículo 17.3 y dice que el Ministerio de Trabajo dotará de presupuestos y personal a la comisión ole mediación.
El trámite de ponencia, que se celebra a puerta cerrada, fue inusualmente breve y apenas duró una hora, aunque sus resultados no sorprendieron a la oposición. El senador popular José Miguel Ortí Bordás dijo que era previsible que el PSOE no les admitiera ninguna enmienda, ya que "no se distingue por su proclividad a la admisión de propuestas de las minorías". En su opinión, "el grupo socialista y el Gobierno carecen de margen de maniobra por el pacto suscrito con los sindicatos". Aunque formalmente todavía puede haber cambios, Ortí Bordás prevé que "en la realidad no los habrá".
El socialista Joaquín Galán, en cambio, dejó abierta la puerta al asegurar que "nunca damos por cerrada una ley hasta el último trárnite". El PSOE está dispuesto a aceptar aquellas "mejoras técnicas compatibles con los acuerdos con los sindicatos y con la filosofía defendida por el propio grupo socialista. "No vamos a cambiar lo que la ley dice, aunque se puede mejorar técnicamente lo que se dice", afirmó Galán.
Para el ponente socialista, "es correcto el equilibrio entre los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos" y, en todo caso, no descarta cambiar "alguna redacción que no haya quedado suficientemente clara".
En concreto, Galán citó dos puntos en los que se puede añadir "claridad" y son: las funciones de los piquetes y si la autoridad laboral es la que dicta las normas permanentes de servicios mínimos en caso de desacuerdo.
Propuestas de González
Se trata precisamente de las dos cuestiones citadas por el presidente del Gobierno, Felipe González, en una reunión empresarial de la Asociación para el Progreso de la Dirección. No es descartable, en consecuencia, que se logre un dificil equilibrio para atender esas sugerencias de González y, al mismo tiempo, respetar el pacto logrado con UGT y CC OO en el pasado mes de noviembre.
Lo que sí parece claro es que las enmiendas que puede admitir el PSOE van a distar mucho de las propuestas formuladas por la patronal CEOE y por el Círculo de Empresarios. Las dos organizaciones piden que se marquen controles a la actuación de los piquetes, nuevos supuestos de huelga ilegal, que se pueda sancionar con el despido a los trabajadores que participen en huelga ilegal y que la convocatoria de huelga se apruebe en referéndum.
A la patronal CEOE no le sorprendió que ayer no se aceptara ninguna de esas peticiones y su portavoz afirmó que con ello "se abunda en el malestar de los empresarios hacia una ley que sale al dictado de los sindicatos". La confederación empresarial reitera que el PSOE les ha marginado en la negociación y que, además, el Gobierno ha incumplido los compromisos adquiridos el pasado 21 de diciembre por el vicepresidente Narcís Serra con el presidente de CEOE, José María Cuevas.
El comité ejecutivo de la patronal pide ahora al Gobierno que acabe "su ofensiva dialéctica" y las descalificaciones en las que pone en duda la representatividad de CEOE. Sin embargo, ayer la ministra portavoz, Rosa Conde, insistió en las críticas formuladas en días pasados por González y Serra contra la confederación de empresarios y afirmó que "un sector de la patronal está posicionándose de una forma política que no corresponde a los intereses empresariales". Asimismo acusó a Cuevas de tener una posición "beligerante, crítica y obstruccionista".
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