La renta fámiliar dejará de ser de decisiva para la admisión de alumnos en los colegios

La proximidad del domicilio familiar al centro escogido por la familia, y no su nivel de ingresos, será, a partir de ahora, el criterio prioritario, para la admisión de los alumnos en los colegios e institutos de educación infantil, primaria, secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional de grado medio públicos y privados concertados. Así se establece en un decreto de Educación y Ciencia que aprobará hoy el Gobierno, en el que se prevé que las direcciones provinciales delimitarán previamente las "áreas de influencia de todos los centros escolares financiados con fondos públicos.

La admisión en los centros educativos financiados por el Estado ha estado sometida hasta ahora a una regulación oficial que trataba de solventar los problemas que se plantean cuando un determinado centro escolar no dispone del número de plazas de nuevo ingreso suficientes para atender las solicitudes de los aspirantes a entrar en él. La regulación vigente hasta ahora otorgaba la misma valoración al nivel de ingresos de la familia del alumno aspirante que a la proximidad de su domicilio al del colegio elegido.Una nueva normativa otorgará la máxima puntuación (5 sobre 10) al factor "proximidad domiciliaria", en tanto que rebaja a solo 2 puntos, el criterio "nivel de ingresos familiares", y ello en el mejor supuesto, que es el de la familia cuyas rentas sean iguales o inferiores al salario mínimo interprofesionaI.Las rentas superiores hasta el doble de dicho salario mínimo merecerán un único punto.

En cuanto a la proximidad domiciliaria, aparte de la puntuación máxima (5) ya señalada para el supuesto de que el alumno viva en la correspondiente "área de influencia" del centro, se valorará el expediente de su solicitud de ingreso con 2 puntos si la vivienda familiar se encuentra en áreas limítrofes a dicha zona de influencia y con 0 puntos si se encuentra en

Domicilio laboral

Una novedad importante que incorpora el nuevo régimen sobre admisión de alumnos es que se considerará, en rango de igualdad con la situación del domicilio familiar, el lugar de trabajo, debidamente acreditado, de los padres o tutores, y ello para la solicitud de admisión en colegios de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria. Pero también se permitirá a los alumnos de bachillerato y de formación profesional optar porque se considere su domicilio o su lugar de trabajo para la valoración del criterio de proximidad.

El decreto mantiene como criterio de valoración el que el alumno solicitante tenga hermanos en el centro, que ya se tenía en cuenta en la regulación vigente.

Desaparece, en cambio, el punto que autónomamente otorgaban hasta ahora los propios centros, de acuerdo con lo que al respecto establecía el consejo escolar de cada centro, órgano que seguirá siendo el responsable de calificar los expedientes de admisión, aunque se crearán unas "comisiones de escolarización", encargadas de velar por la correcta aplicación de la normativa oficial y atender a todas las situaciones de desescolarización que se produzcan cuando falten plazas.

A Luís Álvarez, presidente de la patronal Educación y Gestión, que agrupa a la mayoría de los colegios de la Iglesia, el hecho de que el decreto hable de "áreas de influencia" le parece "mucho más acertada que la zonificación pura y dura que caracterizaba a los primeros borradores del citado decreto ministerial". "Creo, aunque no conozco la redacción final del decreto, que el Ministerio se ha acercado mucho más a nuestras sugerencias y peticiones al respecto", añadió Álvarez. "La libertad de elección de centro por las familias quedaría muy constreñida si se adoptara el rígido criterio que pensaba aplicar inicialmente el Ministerio".

Los titulares de centros privados han venido combatiendo siempre contra el criterio de la "zonificación escolar", expresión acuñada precisamente por ellos, porque el acceso a las subveciones estatales antiguamente, y a los conciertos educativos a partir de la LODE, depende en gran medida de que el centro cubra "necesidades de escolarización de la zona". En torno a esta idea, permanece un constante motivo de fricción entre la Administración y los empresarios de la enseñanza, que suelen criticar acervamente el hecho de que el Estado construya colegios públicos en zonas geográficas en las que la oferta escolar está suficientemente atendida por colegios de iniciativa privada.

En este sentido, el Ministerio argumenta que tiene la obligación de ofrecer enseñanza pública a todos los que la demandan, dado que muchas familias pueden legítimamente rechazar la oferta educativa de un colegio confesional o con un determinado ideario.

Francisco Delgado, presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Alumnos (CEAPA) manifestó su satisfacción con el contenido del nuevo decreto. "Siempre hemos considerado que el factor económico no debe ser tan determinante y que si bien los centros deben gozar de absoluta autonomía para planificar su enseñanza, tenemos nuestra dudas sobre si esa autonomía debe llegar hasta el extremo de dejar a su albedrío la administración del derecho de los ciudadanos a una plaza escolar".