Solchaga cree imposible, el pacto por Ia disposición de los agentes sociales

El Congreso de los Diputados convalidó ayer, tras un monótono debate, el decreto de medidas con las que el Gobierno pretende luchar contra el paro y reactivar la economía española. Sólo Izquierda Unida votó en contra de la convalidación y pidió un "paquete más ambicioso". El Partido Popular y Convergéncia i Unió, mientras, optaron por la abstención, tras la crítica. En el turno de réplica, el ministro de Economía, Carlos Solchaga, afirmó que el Gobierno es "sensible" a las solicitudes y a la conveniencia de un pacto social. Después responsabilizó a los agentes sociales de que el pacto no salga adelante, ya que, a su juicio, éstos "no están en disposición psicológica o no parecen tener el margen de maniobra necesario".

El inicio del debate para convalidar el decreto "de medidas urgentes" estuvo marcado por el revuelo que siempre se forma cuando la mayor parte de los diputados deciden abandonar el hemiciclo. Ese escaso interés de los diputados quedó justificado poco después, ya que incluso el ministro de Economía -que presentó las medidas- afirmó que tenía poco que aportar a la intervención del presidente del Gobierno, el pasado 3 de marzo.El representante del Gobierno no fue el único en dejar claro que el problema del desempleo y de la crisis económica ya concitó el interés parlamentario hace una semana, por lo que ayer sólo quedaban voluntad y argumentos para un debate de oficio. Y para que no quedara duda, el diputado del Partido Popular Ramón Aguirre se limitó a resumir y citar la intervención que hizo entonces su presidente, José María Aznar. Desde el PNV, el diputado Emilio Olabarría calificó el debate de "reiterativo".

Incluso la propuesta de intentar un pacto social como política eficaz para combatir el paro y la recesión, que quedó en el ambiente tras el debate del martes, recibió ayer un nuevo jarro de agua fría de manos del titular de Economía. Carlos Solchaga dijo que "los apelados", es decir, los agentes sociales, "no están en disposición psicológica o no parecen tener el margen de maniobra necesario para lograrlo".

Solchaga, al resumir el contenido del decreto con el que pretenden luchar contra el paro, afirmó que "las medidas no pueden obrar milagros", pero "son las adecuadas para la situación que atraviesa la economía española" y "no ponen en peligro los objetivos más importantes". Tales objetivos, para Solchaga, no son otros que la convergencia. Para rematar cuál es su orden de prioridades, afirmó que "lo urgente no debe hacemos olvidar lo importante". Ahora lo urgente es el desempleo y lo importante, para Solchaga, la convergencia.

La abstención del Partido Popular y de Convergencia i Unió respalda, al menos parcialmente, la conveniencia de las medidas, aunque los representantes de ambos grupos subrayaron que el plan del Gobierno es "claramente insuficiente" para los dos objetivos que persigue: luchar contra el creciente desempleo y reactivar la economía.

El grupo Popular propuso, para solucionar esta "insuficiencia", que el decreto se tramite como proyecto de ley. Esta iniciativa fue rechazada con los votos del PSOE. El diputado del grupo catalán, Francesc Homs, expresó su confianza en que las medidas convalidadas ayer sean sólo el inicio de una iniciativa más amplia. El problema es que, en ningún momento, Carlos Solchaga dio pie en su intervención a la espera de medidas complementarias. Tanto el grupo Popular como CiU defendieron una actualización de balances como medida complementaria a la actualización de las tablas de amortización de las empresas, a pesar de que esta propuesta ha sido reiteradamente rechazada por el Gobierno. Ningún grupo, ni siquiera Izquierda Unida -que se opuso en solitario al decreto de reactivación- puso en duda el proyecto europeo enfatizado por Solchaga, pero sí criticaron la "sacralización de las cifras de convergencia" que pretende el Ejecutivo.

Uno de los cuatro bloques de medidas que convalidó ayer el Congreso depende directamente de ese proyecto europeo toda vez que el aumento de inversiones públicas previsto se financiará, principalmente, con cargo al fondo de cohesión. Solchaga cuantificó el volumen de dinero que recibirá España como "créditos de compromiso del fondo de cohesión" en 250.000 millones de pesetas entre 1993 y 1994.