El Consejo de Ministros italiano busca una salída airosa al atolladero de la corrupcion

El Consejo de Ministros empezó a estudiar ayer un paquete de medidas político-judiciales para dar una salida al problema de la corrupción en Italia, pedidas por distintas instancias e instituciones, desde el propio juez milanés Antonio Di Pietro, símbolo de la gran investigación que se ha llamado manos limpias, hasta el presidente de la República, Oscar Luigi Sealfaro, y articuladas en un borrador por el ministro de Justicia, Giovanni Conso. El Ejecutivo decidió que las líneas generales de tales medidas, que quieren atajar el resquebrajamiento del sistema, serán aprobadas el jueves por la tarde.

Italia no puede más con este constante mirarse al espejo y ver a ministros, parlamentarios, grandes empresarios, financieros y políticos cayendo gota a gota en el saco de la Magistratura. Por eso, y aún diciendo en voz alta que no será un borrón y cuenta nueva -porque la opinión pública marca muy de cerca y está altamente exasperada-, el Ejecutivo inició ayer el camino hacia una solución de compromiso, que permita pasar la página sin que se quede pegada en los dedos.Los ministros dejaron de lado por el momento el problema de la despenalización de los delitos contra la Ley de Financiación Pública de los Partidos y, a la espera de que la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que la está estudiando, dé indicaciones precisas, entraron en la parte procesal penal de lo que serán las nuevas normas, relativa a la prisión preventiva y a la reducción de penas para los culpables concusión, corrupción y receptación. Esta reducción se hará a través de un pacto, tras la plena confesión de los culpables y la restitución del dinero obtenido ilegalmente. No estudiaron tampoco los límites precisos a la prisión preventiva.

El Ejecutivo volverá sobre estas normas el jueves por la tarde. El ministro de Justicia dijo al término de la reunión del Gabinete, poco antes de medianoche, que será un plan de conjunto el que saque adelante el Gobierno para afrontar la situación tras la investigación manos limpias. Conso añadió que el Ejecutivo tendrá que hacer importantes reformas como la de la Ley de Financiación de los Partidos, las de las concesiones y del control sobre la acción administrativa, todo ello mediante proyectos de ley o decretos-ley si fuera necesario.

Mientras las normas llegan, la, bola de nieve de los detenidos y el descubrimiento de sus tropiezos se va incrementando. Ayer cayó Michele De Mita, de 59 años, empresario de la construcción y hermano del líder democristiano, ex presidente del Gobierno y actual presidente de la Comisión Bicameral para las Reformas Institucionales, Ciriaco.

Una falsa empresa creada sólo para obtener fondos de los que el Estado dedicó a las víctimas del terremoto de Irpinia en 1980 tuvo la culpa de que el fiscal le acuse de asociación para delinquir, estafa y falsedad.

Los hermanos Angelo y Antonio Ardina crearon la SGAI, Sociedad General Agro Industrial, una supuesta empresa agroalimentaria que recibió de la AdminIstración más de 5.000 millones de liras (casi 400 millones de pesetas), y que había pedido dos veces más. La SGA1 dijo querer construir en Nusco una planta para la transformación de la patata. Y ahí entró Michele De Mita, levantando no la planta, sino cuatro paredes vacías, y gastándose supuestamente en ello más de 300 millones de pesetas.

El mecanismo era fácil: facturaron trabajos no hechos engordando las cifras hasta hacer posible su pago por la Oricina Especial del Terremoto.

Irpinia ha sido una de las mayores estafas de Italia: se ha comido ya cuatro billones de pesetas y 40.000 afectados siguen aún viviendo en barracas.

Ciriaco De Mita se pasó el día de ayer encerrado en su casa del centro histórico de Roma y colgado del teléfono. Sólo tuvo tiempo de comentar: "Cuando se crea en la opinión pública la convicción de que todos somos deshonestos, resulta difícil defenderse". Y añadió: "Me parece paradójico que el beneficiario de una aportación fuera a robarse a sí mismo".