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El PP reta a Leguina a que explique en las elecciones su veto a un plan de pisos baratos

Juan Antonio Carbajo

Los responsables municipales de vivienda aún siguen dándole vueltas a las consecuencias del veto que el jueves impuso la Comunidad de Madrid sobre su programa de pisos baratos. El PP considera la decisión del Gobierno regional un "boicoteo" apoyado "en razones políticas y sin justificación técnica". La actitud de la Comunidad dificulta la construcción de pisos a precio tasado (para la clase media) en defensa de los de protección oficial (los más baratos)., El gobierno municipal retó ayer a Joaquín Leguina, presidente regional, a que explique en las elecciones la razón por la que paraliza un programa de vivienda.

El Gobierno de Joaquín Leguina enseñó la muleta, pero el de José María Álvarez del Manzano no entró al trapo. "Tiempo hay hasta las elecciones, no vamos a desgastarnos ahora", comento ayer Enrique Villoria, concejal de Vivienda y Obras.El venidero combate electoral es un buen momento, cree el PP, para que el PSOE purge "su error político" del miércoles. Aquel día, la Comisión Regional de Urbanismo lanzó una carga de profundidad contra el programa municipal de viviendas de precio tasado, pisos de unos 14 millones de pesetas para familias de clase media. La Comunidad pretendía penalizar este programa con diversas condiciones urbanísticas a fin de que el Ayuntamiento promoviera vivienda de protección oficial (VPO), la más barata y dirigida al sector con menor poder adquisitivo. Los responsables regionales argumentan que en los suelos reservados en el Plan General para VPO no se debe hacer otro tipo de pisos.

José Ignacio Echeverría, concejal de Urbanismo, considera que el único argumento que impulsó a la Comunidad a lanzar su veto es político. "No han dado ninguna razón objetiva para defender su tesis", comentó en el pleno. Aunque Echeverría entiende que hay otras motivaciones: "Al Estado no le conviene que esta operación, emprendida por un Ayuntamiento del PP, salga sin ninguna aportación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que, además, ha incumplido su programa de financiar 460.000 viviendas".

La decisión de la Comunidad supone un recorte importante en el plan de viviendas del Ayuntamiento, que este año pretendía construir unos 6.000 pisos. No obstante, el gobierno municipal desconoce aún las repercusiones del impacto del torpedo regional en uno de sus proyectos estrella.

"Vamos a seguir con el proyecto hasta donde podamos", comentó Echeverría. "Luego le diremos al ciudadano: Hasta aquí, lo que ha podido hacer el Ayuntamiento, pero ustedes no pueden tener más viviendas porque el PSOE lo está bombardeando sin dar ninguna razón en su contra. Y luego que los ciudadanos voten", declaró.

Mientras se analiza la situación creada por la decisión de la Comunidad, el Ayuntamiento ha paralizado las promociones previstas para edificar vivienda de precio tasado en Aravaca, Barajas, Vicálvaro y Moratalaz. Aunque el efecto más inmediato del veto regional tuvo su reflejo el jueves, cuando se paralizó la adjudicación de los primeros 233 pisos de esta modalidad.

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Ese día, además, el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) recibió un recurso del grupo municipal socialista contra las adjudicaciones por irregularidades en el proceso.

La hija del jefe

El PSOE "dudaba de la legalidad" de adjudicar varias viviendas de estas promociones a empleados de la EMV. En concreto, a un arquitecto municipal, la secretaria del director de la empresa y la hija del jefe de Personal. Además, según el recurso del PSOE, la mayor parte de los adjudicatarios no habían presentado la documentación correcta, otros ya tenían pisos en propiedad y alguno declaraba unos ingresos por encima del límite máximo de acceso a estos pisos.Villoria comentó que la EMV está redactando un informe para demostrar que los datos del PSOE son erróneos. Sobre la presencia de funcionarios entre los afortunados, Villoria explicó que "excluir a un trabajador municipal de estas promociones sería inconstitucional".

El grupo municipal de IU contemplaba atónito la pugna entre los partidos mayoritarios. Su portavoz, Francisco Herrera, quiso mostrarse conciliador: "Hay que defender el diálogo institucional y hacer política partidaria en otros asuntos que no afecten tanto a la gente".

El pleno aprobó inicialmente, con los votos del PP, la creación de seis nuevos barrios en el ensanche de la ciudad con 54.520 nuevos pisos (un 25% menos de los previstos), y la ampliación de la Ciudad Universitaria, que también ha reducido sus pretensiones expansionistas iniciales (ver EL PAÍS del 19 y el 23 de febrero).

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