El fiscal retira los cargos contra tres de los 11 acusados por el fallo, del acelerador del Clínico

La jefa de enfermería del hospital Clínico de Zaragoza, Pilar Comet, abandonó ayer el banquillo de los acusados en el juicio por el accidente del acelerador de electrones, que ha costado la vida a 20 pacientes oncológicos. Tanto el fiscal como las acusaciones particulares creen que designar al personal de enfermería como operadores del aparato nada tiene que ver con el fallo. El fiscal también retiró la acusación de imprudencia temeraria contra los dos facultativos del servicio de oncología inculpados y mantuvo la petición de seis meses de prisión contra los ocho restantes acusados.

Alrededor de la una de la tarde de ayer, Pilar Comet abandonó a los que han sido sus compañeros de banquillo en el proceso. Comet, como responsable de enfermería, designaba los servicios de todos los ATS del hospital, aunque no tenía ninguna responsabilidad sobre la cuestión de las licencias que debían tener todos los operadores del acelerador. Ese fue el argumento del fiscal y de las acusaciones particulares para liberarle de los cargos.Los dos facultativos del servicio de oncología que trataron a gran parte de los enfermos afectados por la sobreirradiación no actuaron negligentemente, al no detectar las consecuencias de las sesiones porque no podían hacerlo, según el fiscal, José Rivera.

Retiró esas acusaciones asumiendo lo que muchos peritos han dicho durante el juicio: la imposibilidad de detectar los efectos de una sobreirradiación antes de 15 días de producirse. Esa circunstancia no está tan clara para algunas de las acusaciones particulares del proceso, las cuales han mantenido los cargos contra los médicos.

Indemnizaciones

En el trámite de las calificaciones definitivas del caso, el fiscal mantuvo las penas de seis meses de prisión contra los ocho restantes acusados de un delito de imprudencia temeraria con resultado de muerte. Del mismo modo, asumió la relación de causa y efecto entre la sobreirradiación y la muerte de 17 de los pacientes fallecidos.Las peticiones de indemnización del fiscal para los afectados, tanto los fallecidos como los que sobreviven al fallo, oscilan entre las 500.000 pesetas y los 20 millones, aunque la mayoría se sitúan en tomo a los 15 y 18 millones. Las más altas corresponden a las personas que murieron teniendo niños pequeños a su cargo. Las acusaciones particulares elevan las peticiones de indemnizaciones hasta los 50 millones de pesetas en algunos casos.

El ministerio fiscal acabó ayer asumiendo en exclusiva la representación de los intereses de 13 de los afectados por el fallo. Lo hizo cuando el letrado que les representaba, Alberto Cimorra, anunció que se apartaba del proceso penal en el que han estado personados desde el inicio del caso. El abogado decidió desistir de la vía penal para iniciar otro tipo de reclamación por la vía civil, en la que previsiblemente demandará a los responsables de la General Electric en España, la empresa fabricante y encargada del mantenimiento del aparato. Esta línea de acusación es la mantenida por un abogado norteamericano que no interviene directamente en la causa, Michael Repiso, pero que ha demandado a la multinacional en Estados Unidos por el accidente.

Repiso no dudó ayer en aproximarse al estrado para dar indicaciones a Cimorra. El letrado norteamericano y José Antonio Mariñoso, que se autodenomina portavoz de un grupo de afectados, son las dos personas que han promovido varios golpes de efecto durante el juicio, como presentar otra querella el día del inicio de la vista o pedir la suspensión de la misma.

La sorprendente decisión de Cimorra provocó una enrevesada discusión entre todas las partes sobre la posibilidad de desistir de la acción civil. Este incidente abarcó dos horas de la vista de ayer con recesos para que los abogados se aclarasen. Finalmente, Cimorra decidió abandonar el estrado.