El impacto ambiental obligo a cambiar el trazado de 30 carreteras

De las 107 declaraciones de impacto ambiental hechas durante los tres años de aplicación de la normativa, 44 han supuesto cambios significativos en los proyectos. 30 carreteras han tenido que cambiar su trazado. Además, la autopista de peaje Alicante-Cartagena, tres canteras -en Liendo (Cantabria), Haro (La Rioja) y San Antonio Abad (Ibiza)-, una. mina de oro en Zarza la Mayor (Cáceres) y una gravera en Mocejón (Toledo) han sido prohibidas. Demasiadas pocas para las organizaciones ecologistas.

Las últimas modificaciones importantes impuestas por las declaraciones de impacto ambiental que realiza la Dirección General de Medio Ambiente, perteneciente al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), han sido el rechazo de la autopista entre Alicante y Cartagena por sus perjuicios en el palmeral de Elche y las Salinas de Santa Pola -la autopista será sustituida por una autovía- y el rechazo del tramo Montalvo-Utiel de la autovía Madrid-Valencia, por sus efectos en las Hoces del Júcar y el Cabriel.En el segundo caso, al requerirse la costosa construcción de varios puentes y viaductos para salvar estos parajes naturales, el trayecto se ha desplazado bastante más al sur. Hay otra declaración de impacto ambiental que se ha hecho famosa, la del Gobierno de Castilla-La Mancha que a finales del año pasado prohibió la incineradora de residuos tóxicos de Almadén (Ciudad Real).

Más de 200 estudios

Ahora mismo se están tramitando más de 200 estudios de impacto ambiental. El trabajo es importante, y desde el propio ministerio se reconoce que hace falta más personal y que hasta 1992 no se consiguió que el número de declaraciones resueltas superara al de los expedientes que entraron en ese mismo año. Queda mucho acumulado y pendiente; pero desde la Dirección General de Medio ambiente se aclara que, por tratarse de obras de ejecución a largo plazo, el retraso no las obstaculiza.La situación no deja de ser curiosa: aunque en secretarías separadas, el MOPT es el promotor de la mayoría de las obras sujetas a la evaluación de impacto ambiental -carreteras, embalses, puertos-, y a la vez es el jurado- que decide si los proyectos son o no pasables por su impacto en el entorno natural. En los casos de discrepancia, el ministro, José Borrell, tiene la última palabra.

¿Crea eso problemas, tensiones o subjetividades? Según Domingo Jiménez Beltrán, director general de Medio Ambiente, "en absoluto, tenemos independencia, nos respetan, no nos influye".

En cambio, Santiago Martín Barajas, portavoz de la Coordinadora de Organizaciones para la Defensa Ambiental, que agrupa a 160 asociaciones locales, considera que les muy sospechoso que en tres años sólo se hayan echado para atrás media docena de obras; tanto la directiva comunitaria como el decreto español sobre impacto ambiental están desvirtuados en la práctica, porque se adoptan decisiones políticas y no estrictamente técnicas".