El Ayuntamiento reduce más de la mitad la plantilla de cuidadores de presos 'yonquis'

Cuando un yonqui entra en las celdas de la cárcel de Carabanchel dispone de 14 personas -11 profesionales contratados por el Ayuntamiento de Madrid y tres funcionarios de Asuntos Penitenciarios- dispuestas a procurarle todos los auxilios para mitigar su drogodependencia. Pero desde el próximo día 28 sólo habrá nueve -cinco funcionarios y cuatro de¡ Ayuntamiento , algunos de los cuales trabajarán sólo a tiempo parcial. Los profesionales de ambas administraciones creen que los recortes degradarán la calidad M servicio. Y auguran: "Los drogadictos pagarán las consecuencias".

Sólo hay siete médicos para 2.500 reclusos en la cárcel de Carabanchel. Las propias autoridades de la prisión, como Lourdes Gil, subdirectora del programa de apoyo a los toxicómanos, creen que la cifra es ridícula y a todas luces insuficiente. Y si, además de continuar con tal escasez de medios, se despide a la única doctora con que contaba el equipo municipal contra la droga, la situación puede empeorar gravemente. En ello coinciden tanto los funcionarios de Instituciones Penitenciarias como los contratados por el Ayuntamiento.En la actualidad, 136 presos participan en las actividades de desintoxicación (publicación de revistas, taller de cerámica, terapias de grupo).

.La posibilidad de que muchos lo hagan para redimir una parte de su condena es nula, según los profesionales del Servicio Interdisciplinar de Atención al Drogodependiente (SIAD), la empresa contratada por el Ayuntamiento de Madrid. Los días de libertad que se les conceden -20 por trimestre- no suponen gran cosa en relación a otras actividades de la prisión, como la limpieza. "Antes les concedíamos beneficios extras como comunicaciones y vis a vis con familiares, pero ahora no", explican.

"Nada de chapuzas"

"No se pueden hacer chapuzas", dice el responsable del SIAD en Carabanchel. "Nosotros íbamos a poner en práctica un programa por el que los presos podrían ver a sus familiares con nosotros, para que el tratamiento fuera compartido y más eficaz; ahora todo eso se irá al garete".

La concejal de Servicios Sociales en el Ayuntamiento, Ana María García Armendáriz, indicó que con el nuevo equipo se compesaría el desnivel numérico entre los funcionarios y los profesionales contratados por el Ayuntamiento. "Eso no funcionaba bien, había descompensaciones, no se trabajaba de forma coordinada", indicó. Por eso, la concejal ha prescindido, entre otros, de la médico del SIAD: "Me indicaron que era preferible un doctor funcionario", esgrimió García Armendáriz.

Para adaptar el equipo municipal a las nuevas necesidades de la cárcel, la concejal aseguró haberse asesorado por miembros del Plan Nacional de Drogas y de Instituciones Penitenciarias.

"Incluso he mantenido más profesionales de los que ellos. me pedían. Hay que tener en cuenta -advirtió García Armendáriz- que muchos presos. de Carabanchel están siendo, trasladados a la nueva prisión, de Navalcarnero, y eso aliviará mucho a los profesionales".

García Armendáriz informó que el Ayuntamiento prepara un plan de drogas similar para atender a las mujeres de Carabanchel

Presión de los jueces

El recorte municipal aún podría haber sido mayor. El Ayuntamiento contrató en 1989 a 12 personas de SIAD para que informasen y atendiesen a todos los toxicómanos que ingresaban en los calabozos de los juzgados de la plaza de Castilla.

En este caso, la asociación Jueces para la Democracia ha hecho frente al recorte: varios de sus miembros han repartido un comunicado, firmado por 35 magistrados, en el que apoyan la gestión de esta empresa privada. Entre otras razones los jueces alegan que la información que aporta SIAD sobre la conducta y salud de los delincuentes toxicómanos resulta valiosísima a la hora de conceder los permisos de libertad.

En los últimos dos años, SIAD evitó la encarcelación de 108 drogadictos proporcionándoles actividades y trabajos alternativos.

En el último año, los empleados de SIAD han recogido 3.000 fichas en los calabozos, han entregado 700 informes a jueces y directores de centros de desintoxicación y han dirigido hacia los servicios municipales a 2.000 drogadictos. Ésa es su tarjeta de presentación. La presión de los jueces dio sus frutos. Los responsables de la empresa privada recibieron la feliz noticia de que todo s los contratos de los juzgados serán renovados.