Las fundaciones dicen que no quieren entrar en una batalla contra el Gobierno
"Lo único que le pedimos al Gobierno es que se discuta seriamente la Ley de Fundaciones, cuyo trámite debe ser anterior al de la ley del mecenazgo. Pero no queremos entrar en ninguna batalla", dijo ayer el presidente del Centro de Fundaciones, Antonio Sáenz de Miera, que el pasado jueves clausuró en Valencia la asamblea general de la Asociación de Directivas de Entidades No Lucrativas Españolas (ADENLE), en la que se discutió la repercusión de los dos proyectos de ley -el de fundaciones y el del mecenazgo-, que les afectan directamente."Si la Ley de Fundaciones desarrolla el derecho constitucional del artículo 34, cualquier norma fiscal no debe contradecirlo", señaló Sáenz de Miera sobre la inconstitucionalidad que podría resultar si se antepone la tramitación de la ley del mecenazgo a la de fundaciones. A, pesar de esto, el presidente reiteró que "una batalla" no es necesaria.
Sáenz de Miera expuso ayer cuáles son las principales contradicciones que hay entre la Ley de Fundaciones y la Ley de Incentivos Fiscales a la. Participación Privada en Actividades de Interés General, más conocida como ley del mecenazgo, y por qué la tramitación de la Ley de Fundaciones debe ser prioritaria a la de mecenazgo para no caer en dichas contradicciones. "Es mejor empezar por una ley para fundaciones, para reflejar su aceptación social y política, y después sería el momento de discutir el tratamiento fiscal, que, en cualquier caso, debe ser siempre de incentivos", señaló ayer Sáenz de Miera. "La ley de mecenazgo es absolutamente negativa para las fundaciones", añadió el asesor fiscal del Centro de Fundaciones, José Antonio del Campo, "mientras que la de fundaciones es más aceptable, aunque se puede mejorar".
Según Sáenz de Miera y Antonio del Campo, las principales contradicciones entre los dos proyectos de ley son, entre otras, que la Ley de Fundaciones ve con normalidad la posesión de paquetes mayoritarios de acciones, mientras que la ley de mecenazgo no. "Lo que sería una pura incongruencia", según Del Campo.
Además, son tratados de forma diferente en ambos proyectos de ley el destino obligatorio de las rentas, el de la fijación del domicilio social y el destino del patrimonio en caso de disolución de las fundaciones.
"Nuestra única batalla es hacer llegar a la sociedad el papel de nuestras fundaciones. Al Gobierno le decimos lo que creemos que es bueno y lo que creemos que es contraproducente, porque una buena ley de fundaciones es lo mejor para todos", añadió el presidente de esta asociación, que agrupa a unas 230 instituciones de las 2.000 que existen en toda España, y que van desde la Fundación Ortega y Gasset a la Fundación de Antiguas Alumnas Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús.
Babelia
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