Rábulas y tartufos
LA ACLARACIÓN de las responsabilidades jurídicas, políticas y económicas de las inversiones del grupo, KIO en España sigue su tortuoso camino, trufado de mascaradas, actitudes propias de Tartufo y maniobras de diversión. Pero lo que es fundamental, prosigue. La comparecencia del ministro de Economía, Carlos Solchaga, ante la Comisión de Economía del Congreso aportó el martes una novedad significativa sobre el modus operandi de los antiguos gestores hispano-kuwaitíes de la agencia inversora: hasta final del año pasado, éstos presentaban sus expedientes de inversión a través de dos sociedades holandesas y que decían responder a intereses totalmente privados. El pasado 22 de diciembre, el secretario del Grupo Torras informó que esas instrumentales holandesas están "sujetas actualmente al control efectivo del Gobierno de Kuwait".La diferencia no es baladí. Si eran empresas privadas de un país comunitario, dependientes de capital extracomunitario privado, sus inversiones en España entre 1990 y 1992 no debían someterse a la autorización previa del Consejo de Ministros. Si estaban sometidas a control de Estados o entidades públicas extranjeras, debían pasar por dicho trámite. Con razón, y con tardanza, Solchaga ha abierto una investigación para dilucidar esa contradicción entre control público y privado, y comprobar si de ella se derivan indicios de falsedad en documento público y fraude de ley, para pasar en su caso el asunto al fiscal general.
Resultaría paradójico que el examen jurídico-penal de este inmenso conflicto económico -en el que se ha evaporado medio billón de pesetas y peligran 100.000 empleos e importantes sectores industriales- surgiera (tras la inadmisión de la querella de KIO contra sus antiguos gestores) de un asunto jurídicamente menor, una presunta falsedad en documento público. Paradójico, en efecto, pero no insólito en el mundo del derecho. Casos ha habido en que un delgado hilo -por ejemplo, el delito fiscal- ha conducido al ovillo de responsabilidades descomunales.
La revelación de Solchaga se produjo como parte de la defensa de la actuación del Gobierno ante las polémicas inversiones del grupo kuwaití. En este ámbito, el nuevo dato aportado sobre las sociedades holandesas permite concluir, salvo otras novedades, que el Gobierno cumplió la letra de la ley sobre inversiones extranjeras (sociedades privadas comunitarias que respondían a intereses privados, según habían declarado) y el espíritu de la misma en cuanto a su impronta liberalizadora. Así, en el orden jurídico habría poco que rascar en cuanto a responsabilidades del Gobierno. Es más: si lo hubiera, el asunto entraría más en el ámbito de lo contencioso-administrativo que en el de lo penal, mal que le pese al PP, que sigue empecinado en agitar el espantajo, de tina querella criminal contra el presidente del Gobierno en vez de acudir directamente a los tribunales, como sena su obligación.
Pero una cosa es la responsabilidad jurídica y otra la política. Resulta práctica de rábulas leguleyos ampararse en el cumplimiento formal de la letra de la ley para esquivar su mandato material y conculcar así su espíritu. ¿Ignoraba el Gobierno que aquellas compañías instrumentales privadas holandesas obedecían al mandato del Estado de Kuwait?, ¿que constituían el instrumento preparado por su gestor en España, Javier de la Rosa, el mismo al que acertadamente el Gobierno negaba su papel de interlocutor oficial dado su currículo en otros desastres financieros? Si las, sociedades eran instrumento del Estado kuwaití, sus inversiones debían ser autorizadas por el Consejo de Ministros. Pues si el Gobierno lo ignoraba, es que ni tan sólo leía los periódicos. Y aun dando por buena tanta ignorancia, ¿cómo explica los contactos ministeriales con el Gobierno de Kuwait para salvar lo salvable de las inversiones de Torras-KIO?
Todos esos interrogantes merecían los desvelos de una. buena comisión de investigación parlamentaria sobre las responsabilidades políticas en el control del asunto, cuya constitución, lamentablemente, ha impedido el PSOE. Pero una investigación multidireccional. ¿Por qué razón el PP ha tardado tanto en interesarse por el escándalo de KIO? Vale para el primer partido de la oposición el mismo recordatorio que para el Gobierno: los interrogantes sobre la trayectoria profesional de Torras-KIO encabezada por Javier de la Rosa están planteados desde hace muchos meses en la prensa -cierto que no en toda; ha habido monumentales y ruidosos silencios, cuando no vergonzosas alabanzas a un empresario supuestamente modelo- Esa tardanza y esa concentración de artillería dialéctica sobre el Gobierno suena a tartufismo cuando procede del PP: fue desde el despacho de Javier de la Rosa desde donde se tejieron durante muchos años las candidaturas populares en Cataluña.
Todas estas prestidigitaciones de ministros-rábulas, opositores-tartufos y medios de comunicación desmemoriados tienden a tejer una cortina de humo sobre el fondo de la cuestión -la responsabilidad de los gestores hispario-kuwaitíes en la mayor suspensión de pagos de la historia española- y sobre las responsabilidades políticas -de control- que de ella se derivan. Pero al mismo tiempo es una cortina que se teje con nuevos datos significativos y se desteje, dejando flecos de interés. Ahí están las imputaciones realizadas ayer -siempre tardías, pero ahí están- por el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores acerca del presunto incumplimiento de la normativa sobre OPA por Torras-KIO. O las distintas acciones judiciales interpuestas. De espesura en espesura es posible que se llegue al final a la claridad a la que tiene derecho la ciudadanía española.
