La Comunidad exigió 72 millones a una empresa al destaparse el 'caso Atocha'

La Comunidad de Madrid reclamó a una empresa constructora que garantizase con un aval bancario el pago de 72 millones de pesetas por los materiales de unas obras, acopiados en 1989. Esto ocurrió el pasado 14 de diciembre, cuatro días después de que el Partido Popular denunciase las contrataciones irregulares con Construcciones Atocha, investigadas ahora en la Asamblea. El aval corresponde a los acopios de materiales en una instalación ganadera de Algete, cuya existencia no ha sido comprobada a pesar de estar certificada por un técnico de la Comunidad.

El pasado 14 de diciembre, la secretaria general técnica de la Consejería de Economía, Isabel Alfaya, reclamó a la empresa Reinhold Ulloa, SA, que sustituyese el aval prestado en 1989 por la constructora Gemesa, primera adjudicataria de las obras del Laboratorio de Sanidad Animal de Algete. La garantía bancaria se ofreció entonces a cambio de los 72,5 millones de pesetas que la Comunidad pagó por la primera certificación (factura).Con posterioridad, Gemesa cedió la obra a la compañía Defensas Hidráulicas y Caminos, SA (Dhycsa), que, a su vez, la traspasó en julio de 1991 a Reinhold Ulloa. Esta empresa se limitó a contestar al requerimiento de la Consejería de Economía con la copia de un aval por 4,5 millones. Se trata de la fianza definitiva que se exige para ejecutar cualquier obra pública. Pero la secretaria general técnica de Economía reiteró el pasado 28 de diciembre la misma reclamación: un aval por 72,5 millones.

En su informe sobre las contrataciones del Gobierno regional con Construcciones Atocha y sus empresas afines, el interventor general de la Comunidad reconoce que se pagó, a través del Banco Popular, la factura por acopios. Como la obra quedó paralizada, no se pudo descontar el pago de los materiales en posteriores facturas.

El ex jefe de Obras y Proyectos de Cooperación, Vicente Martínez Castelló, que dirigió la obra de Algete, aseguró al interventor que el personal de su departamento comprobó la existencia de los materiales.

En su comparecencia ante la comisión que investiga el caso Atocha, Martínez Castelló admitió que él no había visto personalmente los acopios. Tampoco su subordinado, el auxiliar técnico Julio Alegre, comprobó por sí mismo la existencía de los materiales. Ninguno de los cinco gestores de empresas vinculadas a Construcciones Atocha, SA, citados compareció ayer ante los investigadores de la Asamblea. El presidente de la comisión, el diputado del PP Manuel Cobo, reconoció que la sesión "terminó antes de lo previsto porque no compareció el 100% de los empresarios".

El PP denunció que en algunas adjudicaciones de obras de la Comunidad competían entre sí empresas que contaban con los mismos administradores. Los cinco gestores citados a declarar figuran en el equipo de dirección de Atocha, pero Dionisio Silla también era consejero de Coideco.

Mientras, Adrián de la Joya gestionaba Defensas Hidráulicas y Caminos, donde figuró como representante legal Felipe Rey Patiño (consejero delegado de Atocha). Y Pedro Ortega y Eleuterio Romo eran consejeros de Gemesa.

Sin fuerza

"La experiencia de otras investigaciones nos demuestra que no tenemos fuerza coercitiva para obligarles a acudir, sólo podemos intentar que se colabore con una institución como la Asamblea", explicó Cobo, quien preciso que ninguno de los gestores convocados se había puesto en contacto con la comisión o con los servicios de la Cámara. Los cinco han vuelto a ser citados a declarar el próximo lunes."Sería absurdo decir que es igual que vengan o no, porque si no, no les hubiésemos citado. Tendremos que trabajar con lo que tenemos, que es la documentación y el resto de las comparecencias", argumentó el presidente de la comisión.

Para el diputado socialista Javier Ledesma, la ausencia de los gestores no representa ningún obstáculo: "Tenemos la documentación y los datos suficientes como para obtener conclusiones, que haremos públicas y elevaremos al pleno".

Ledesma destacó que el PSOE espera obtener tres respuestas al término de la investigación: "Si ha habido o no trato de favor a algunas empresas; si ha existido lesión patrimonial para la Comunidad, y si hay vicios de nulidad que supongan la desaparición de los contratos". Y agregó: "Yo lo estoy preguntando a todos y cada uno de los comparecientes, y puedo adelantar que hasta ahora ninguno ha dicho que eso haya existido".