"El acuerdo del Metro es un compromiso del PSOE e IU en la Asamblea que me desborda"

A Julián Revenga Sánchez, de 45 años y consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, le fastidia que le lleven la contraria. La última amenaza de huelga en el Metro, en la que mantuvo una postura corregida después por el presidente regional Joaquín Leguina, le situó en una posición incómoda. Pero Revenga presume de fajador. Trabajó de ferroviario, tomó conciencia como sindicalista (USO y ahora UGT), estudió y entró en política. Abogado y maestro industrial, ha sido "en el ramo" jefe de gabinete del ministro de Transportes Enrique Barón, consejero de FEVE y director del Consorcio de Transportes. De Leguina se declara compañero "inseparable"... de frontón

Pregunta. ¿Quién puede hacer mas por pacificar el conflictivo sector de los transportes, si es que tiene remedio?Respuesta. Este sector es conflictivo en relación a los trabajadores. En la sociedad es conflictivo porque es algo que viven los ciudadanos cotidianamente. Eso hace que los avances sean muy difíciles, pero importantísimos desde que se creó el Consorcio [1985]. Recuerdo que entonces uno de los instrumentos que más difícil fue introducir en la sociedad es esa cosa tan maravillosa y que todo el mundo se apunta ahora del abono de transportes. El abono suponía una modificación de estructura tarifaria y empezar a dar un trato desigual a la gente. El éxito es evidente, porque el objetivo se marcó en 350.000 abonados y se han superado los 800.000.

P. Pero al ser el organismo que manda también es el que debe resolver los problemas.

R. El Consorcio es un organismo de concertación muy importante y en estos años ha ido solucionando los problemas según iban surgiendo de cara a unos trabajadores, como los del Metro, los de la EMT o de los interurbanos, que partían de unas malas condiciones. Ahora son conflictivas las reordenaciones. El crecimiento económico de los trabajadores ha sido muy acelerado, en el caso de la EMT, en los últimos tres años más del 50%, y en el Metro, más del 40%, y, sin embargo, las condiciones de trabajo y de prestación de servicio yo diría que no están asumidas. Ahora tiene que cumplirse el derecho de los usuarios a que se les preste un buen servicio. Tiene que haber un sentido de empresa, de lo público fundamentalmente, porque si no tendríamos que plantearnos un interrogante: ¿privado o público?, por la eficacia.

P. ¿Qué plazo van a tener los trabajadores para aceptar esta responsabilidad?

R. Este salto habría que darlo en los próximos dos años.

P. ¿Comparte el argumento de que el Ayuntamiento, que es donde primero se mira cuando algo no funciona, tiene escaso poder sobre los transportes?

R. No. Tiene exactamente el mismo poder que la Comunidad. En el órgano del Consorcio están al 50%. Si ejercen las competencias en los órganos donde están tienen el mismo poder; si no, ese es otro problema. Este sector es muy conflictivo y en estos casos hay tendencia de los responsables públicos a huir, porque sólo se consigue una cosa -salvo que se tenga mucho carácter- que es llevarse muchas bofetadas.

P. ¿En el cuerpo a cuerpo con la oposición, especialmente con el Partido Popular y con los sindicatos, es usted enérgico y firme o chulo y Matanzo como le tildan sus detractores?

R. No se puede mezclar a los sindicatos con el Partido Popular. Los sindicatos sacan todas sus baterías para defender aquello que consideran con absoluta fijación que es suyo, pero es verdad que tienen la obligación de modernizarse. El caso del PP es un problema de no tener ninguna política de transportes, de no tener ni idea. Es una ignorancia que me llega por vía parlamentaria. Sólo entran en la descalificación de la persona por las características que uno, efectivamente, tiene. Lo que no puede ser es lo del inmoral de [Alberto] Ruiz Gallardón [portavoz del PP regional]; inmoral desde el punto de vista de que le están corriendo su antigüedad y sus derechos en la fiscalía, que tiene despacho de abogados abierto, que es senador, que es portavoz del Grupo Popular... Uno sólo es consejero y dedica su vida a esto.

P. El presidente regional, Joaquín Leguina, mantiene que no le ha desautorizado, pero usted se acostó el viernes con la idea fija de congelar el salario de los empleados de Metro en 1993 y al día siguiente su presidente se le adelantó al anunciar que se respetaría el convenio colectivo firmado y que los sueldos iban a subir un 6,5%.

R. No ha habido ninguna desautorización. La Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid limita e introduce en el sector público los condicionantes de una restricción económica general en el país, si bien en este caso se dejaron fuera las empresas públicas cuando la ley del Estado las excluía para que hubiese más libertad en las negociaciones. Lo que hace que yo modifique la situación y se lo plantee así al propio presidente es que hasta las dos y media de la madrugada del viernes se negoció con los grupos políticos y los sindicatos; de ahí surgió no sólo un acercamiento, sino el reconocimiento de que para solucionar el problema habría que arbitrar, además del cumplimiento de lo que los trabajadores demandaban -es decir, el convenio colectivo-, las medidas legales que correspondan. Hay que darle cobertura legal a lo que se ha realizado y esa parte es a lo que se comprometieron los que pueden hacerlo: los grupos políticos del PSOE e Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, porque el Ejecutivo en un Estado de derecho tiene que cumplir lo que dice el legislativo. Ese compromiso ya me desborda a mí.

P. ¿Es insolidario por parte de los trabajadores del Metro o de la EMT defender a toda costa lo conseguido en un convenio a pesar de la crisis económica?

R. Teniendo en cuenta los crecimientos salariales de los últimos anos, sí. Hay un hecho insolidario con el conjunto del país.

P. Usted ha aprovechado la amenaza de huelga para recordar que entre los trabajadores de Metro se produce un alto índice de absentismo. ¿Ha sido una provocación inoportuna?

R. Eso ha sido una reflexión secundaria. Hay una absoluta necesidad de que los trabajadores del transporte entiendan que tienen que prestar un mejor servicio posible a la sociedad.

P. Leguina sostiene que un convenio colectivo en vigor obliga moralmente más allá de la norma. ¿Comparte este opinión? Y si es así, ¿por qué el consejero de Hacienda, Ramón Espinar, no lo tuvo en cuenta al redactar la ley regional de presupuestos?

R. No lo comparto porque a los efectos, en este caso, no es importante tener firmado el convenio. Además, yo no personalizo.

P. ¿Es una interpretación simple pensar, tras la solución de este caso, que Izquierda Unida no sólo apoya al PSOE en la Comunidad, sino que gobierna en la sombra?

R. Izquierda Unida no gobierna en la sombra, está gobernando prácticamente en un segundo nivel en todos los órganos e instituciones, salvo en el Consejo de Gobierno. Ese fue el pacto. La oferta para entrar en el Consejo también se hizo y está siempre abierta.

Contradicciones

P. Usted crítica tajantemente al Ayuntamiento, pero también, de manera más velada, al Ministerio de Obras Públicas y Transportes.R. Las críticas hacia el Ayuntamiento se pueden objetivar. Hay determinados estudios del equipo de gobierno, tanto ahora, en el avance del Plan General, como antes, en Promadrid, en los que se puede observar conclusiones relacionadas con transporte que son contradictorias. No puedes llevar a un sitio 20.000 viviendas, soltarlas y decir "ahí se quedan". Veinte mil viviendas son más de 60.000 personas que tienen que moverse y no sólo en coche. Tendría que haberse diseñado qué [medio de transporte] tiene que llegar allí. Se dibuja que tendría que llegar el Metro, pero no se aporta ni un solo duro para hacerlo. Está vacío el contenido de lo que quieren hacer. En cuanto a la Administración central, no es velada la crítica. Aunque la concertación con mis compañeros de partido es más fácil, también difiero de ellos en determinados momentos, y, por ejemplo, de forma importante y globalizada, en que el Plan de Transportes de Madrid, pues lo haga un ministerio. Hay que hacerlo por concertación.

P. ¿Cree que es prioritario suprimir el tráfico en el centro?

R. No es de mi competencia, pero creo que es una de las medidas posibles y, en muchos casos, necesaria. Eso sí, con un trato prioritario para el transporte colectivo.

P. ¿Qué sería lo primero que haría en Madrid para actuar sobre el tráfico?

R. Un estudio rápido de la zona interior de las rondas, y como es la zona mejor dotada de transporte público y las distancias en radio son pequeñas, yo restringiría a determinadas horas el tráfico.

P. ¿Es más apetecible suceder a Leguina o ser ministro de Transportes?

R. Profesionalmente, a mí me gusta ser consejero de Transportes. Pero entre ser presidente de una Comunidad o ministro del ramo, a mí me apetecería más ser ministro de Transportes.