La reforma de la PAC supondrá dos años duros para el campo español

Representantes de las principales asociaciones agrarias y del Ministerio de Agricultura se reúnen hoy para intentar buscar soluciones a la crisis estructura] más profunda que ha conocido el campo español y que se agravará dramáticamente en los próximos dos anos por la reforma de la Política Agraria Común (PAC). La mayor dificultad de la reunión es que las propuestas de] Gobierno obvian las reivindicaciones de los agricultores, El ministerio plantea un paquete de medidas estructurales con efectos a medio y largo plazo que chocan frontalmente con las aspiraciones de los agricultores, agobiados por problemas cotidianos que exigen soluciones urgentes.

El Gobierno está elaborando un amplio paquete de reformas -beneficios fiscales por permutas y concentración de parcelas, cambios -en la ley de arrendamientos y de sucesiones- para mejorar la competitividad, pero que despiertan muy poco entusiasmo en los campesinos.Los problemas del campo son más inminentes: fuerte endeudamiento de las familias -casi dos billones de pesetas a bancos y cajas-, precios por los suelos y deterioro de la calidad de vida. Se trata de dos discursos sin puntos de coincidencia y que hace prácticamente imposible, por tanto, no tan sólo llegar a acuerdos sino el simple hecho de negociar.

Las diferencias empiezan al definir las cifras mas básicas. ¿Cuántas personas trabajan en el campo?. Afiliados a la Seguridad Social Agraria, se encuentran alrededor de 1.200.000. Pero, según las organizaciones agrarias, tan sólo entre medio millón y 600.000 se dedican de forma total y exclusiva a las tareas agrícolas. Para Agricultura, esta indefinición es una de las mayores rémoras para mejorar la competitividad.

El Gobierno cree que la mejora de la rentabilidad exige una dedicación plena de los trabajadores del sector. Según Agricultura, sólo invierten y modernizan los que se dedican plenamente a las actividades agrarias. Fernando Moraleda, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), asegura que la deuda contraída por los campesinos se ha dedicado "a obtener liquidez ante la crisis sin precedentes a la que se enfrenta el campo", y no tanto a invertir.

Según el Ministerio, la reducción de la población activa agraria del actual 10% de la población activa al 7% -la media comunitaria-, no es un problema si los que abandonan son los que sólo se dedican al campo como actividad marginal. Este punto de vista no es compartido por las organizaciones agrarias, que siguen poniendo el acento en los trabajadores que cada año abandonan el campo -200.000 en 1992- sin tener en cuenta qué actividad desempeñaban en el mismo.

Precios artificiales

La crisis del campo español coincide con la reforma de la Política Agraria Común (PAC), aprobada el pasado mes de mayo por el Consejo de Ministros de Agricultura de la CE. La nueva directiva contempla dejar que los, precios para los productos agrícolas se acerquen a los del mercado, en lugar de sostenerlos artificialmente elevados, como hasta ahora. Para compensar la pérdida de ingresos que esto supone para el agricultor, se ofrece una ayuda directa a la renta.

Esta compensación será, una vez definitivamente implantada la reforma en 1995, de aproximadamente un tercio del total de ingresos del agricultor. El resto (dos tercios), lo obtendrá por la venta de sus productos. "A partir de 1995, la renta del agricultor será mejor, y sobre todo, más segura", según Jorge Sevilla, jefe del Gabinete del ministro de Agricultura. Pero el propio Ministerio reconoce que durante el periodo de transición en el que convivirán ambos modelos, los próximos dos años, es posible que las cantidades que acaben recibiendo los agricultores sean distintas a las previstas.

Los agricultores se quejan de que las reducciones de precios ya han comenzado, sin que esté clarificado el mecanismo de compensación. "Las subvenciones no compensan la disminución de la renta, que en 1992 fue de más del 8%", afirma Moraleda. Según las organizaciones agrarias, la propuesta comunitaria que deberá aprobar el Consejo de Ministros de Agricultura mañana y el miércoles incluye congelar los precios de frutas, hortalizas y aceite de oliva, mientras que iguala a la baja el azúcar y reduce un 9% el de los cereales.

El Ministerio insiste en que la reforma de la PAC conseguirá que España ingrese, a partir de 1995, más del doble de lo que ahora recibe de la CE por el capítulo agrario. Según Agricultura, las características agrícolas de España hacen que sea más relevante el apoyo a las rentas que las ayudas vía precios, debido a la baja productividad y al mayor número de agricultores en relación con los socios comunitarios.

Este aumento de las transferencias que España recibe de los fondos comunitarios, no obstante, no mejorará la redistribución de la renta, según las organizaciones agrarias. "La ayuda directa a la renta, al ser proporcional a la superficie cultivada y al rendimiento, favorecerá sobre todo a aquellas explotaciones que menos necesitan de ayuda", afirma Fernando Moraleda.