Siguen sin despejarse las múltiples incógnitas del accidente de Zaragoza

¿Estaba la aguja del acelerador engatillada o simplemente sólo reflejaba lo que pasaba: que el aparato estaba irradiando dosis altísimas? ¿Por qué están en el banquillo responsables del hospital y no de General Electric, fabricante del acelerador y encargada de su mantenimiento? ¿Cómo es posible que una inspección del Consejo de Seguridad Nuclear durante los días que el acelerador funcionaba sin control no detectara nada? Tras cinco días de juicio por el accidente del acelerador del Clínico de Zaragoza que ha causado 20 muertes, tales cuestiones no se han despejado y la próxima semana se replantearán.

Si se hiciera una reconstrucción de lo que ocurrió en la sala del acelerador lineal de electrones entre el 5 y el 21 de diciembre de 1990, se vería a enfermos que son colocados para someterse a una sesión. A enfermeras que siguen las instrucciones de los médicos sobre los parámetros que tienen que introducir en la consola de mandos del aparato.También se vería muchas veces a un hombre que entraba y salía de la sala de máquinas para reparar averías. Justo al lado, se vería a los médicos del servicio de oncología examinar a algunos pacientes que ya sufrían los efectos de una sobredosis latente. En la sala, se oiría lo que se comentaba entre las ATS, el técnico de la General Electric, la responsable de protección radiológica, las físicas y los médicos: que la aguja estaba bloqueada en el lado que indica la mayor potencia del acelerador. Si se repitiera lo que ocurrió, también se escucharía a Mariano Conte, el técnico, decir que no pasaba nada y que la aguja estaba encasquillada, pero que la máquina funcionaba bien.

Lo que sería imposible de reconstruir es cómo funcionó la comunicación de la avería dentro del hospital y cómo se hizo la supervisión de los "arreglos" realizados por un operarlo que posee la titulación de técnico en electrónica por la Armada. Lo que demuestra las consecuencias del accidente -la muerte de 20 enfermos oncológicos- es que cada vez que el acelerador tenía algún problema se llamaba al técnico, como quien llama al fontanero, ya que después no se tomaban precauciones para comprobar el correcto funcionamiento del aparato.

Descoordinación

No las tomaron ni en el hospital, donde hubo una completa descoordinación entre los servicios, ni en la General Electric. En la empresa, en principio, se debía estudiar el informe hecho por cada reparación realizada por el técnico para informar detalladamente al hospital. Eso tampoco se hizo, por lo menos con la diligencia que cabía esperar. Cuando el técnico consultó telefónicamente a su supervisor sobre una de las averías, obtuvo como respuesta que el acelerador no estaba capacitado para emitir intensidades tan altas. El caso es que sí lo hizo.Muchas de las preguntas de los abogados se encaminan a intentar demostrar que podría haber otros responsables del accidente, como los superiores del técnico de la General Electric. También cuestionan el correcto control por parte del Consejo de Seguridad Nuclear de las instalaciones radiactivas. Sin embargo, muchas de esas preguntas se quedan sin respuesta porque la magistrada María Josefa Gil las declara "impertinentes".

Ni el juez instructor, ni el fiscal, ni siquiera la Audiencia de Zaragoza se mostraron conformes con las peticiones de inculpación de jefes de la multinacional o del inspector del Consejo de Seguridad Nuclear. El fiscal no lo solicitó. "En este caso, juez y fiscal han ido de la mano", comentaba uno de los abogados. Así que el criterio del juez instructor, Javier Seoane, para quien el hospital debía supervisar las reparaciones del técnico, se ha mantenido. Mientras, los afectados no cejan en su empeño de llevar a los tribunales a la empresa como causante directa del accidente y ya han presentado dos demandas millonarias, una en España y otra en el país de la multinacional, Estados Unidos.