El ministro de Trabajo y el PSOE discrepan de Economía y defienden un consenso social sin prisas

El ministro de Trabajo, Luis Martínez Noval, y tres dirigentes socialistas coincidieron ayer en defender una reforma del mercado laboral consensuada con los agentes sociales y sin las prisas manifestadas por los responsables del Ministerio de Economía en los últimos días.Martínez Noval comparó ese proceso con "cuánto costó discutir el Estatuto de los Trabajadores [dos años] y las reformas en la contratación temporal de 1984 [casi un año]". Su criterio es que "hay que explorar todas las posibilidades" hasta llegar a un acuerdo con los interlocutores sociales. La mejor prueba de que no se va a rendir en perseguir el consenso es que no dará crédito a un rechazo sindical en tanto no se lo digan por escrito. Y en caso de que se lo comuniquen vería "cómo se puede modificar esa posición de rechazo y analizar los ámbitos, calendarios y métodos de negociación".

Estas manifestaciones las hizo ayer en la jornada organizada por el grupo parlamentario socialista sobre Condiciones del empleo en España. En ese mismo foro tres dirigentes socialistas defendieron también la necesidad de lograr un consenso con los agentes sociales para una reforma laboral que consideran de gran envergadura. Así se pronunciaron el portavoz del grupo parlamentario socialista, Eduardo Martín Toval, el diputado José Barrionuevo y el senador Ángel Franco.

Ayer no se pudo despejar la incógnita de cuándo se iniciará el diálogo social sobre la reforma del mercado de trabajo. Martínez Noval aseguró que de momento se trata de "una reflexión" y que la propuesta se presentará por escrito sin que pase "mucho tiempo".

El ministro de Trabajo cree que "merece la pena" ese reto y que se haga con cuatro criterios. El primero es que se trate de una reforma en su conjunto, aunque ello no obsta que se puedan debatir por separado algunas piezas, como la modificación ya en marcha de los contratos de formación, prácticas, relevo y para lanzamiento de nueva actividad. El segundo, que cualquier incremento del poder de las empresas debe conducir, por otras vías, al aumento del poder y los derechos de los trabajadores. El tercero es que la reforma sea consensuada. Y el cuarto criterio, que el proceso esté presidido por ausencia de prejuicios.