La CE condena el proteccionismo de Washington, pero es incapaz de aprobar las armas de respuesta

La Comunidad Europea expresó ayer su solemne desacuerdo con las recientes medidas de defensa comercial impuestas por la Administración norteamericana contra productos europeos, pero sus socios no fueron capaces de llegar a un acuerdo sobre las armas comerciales imprescindibles para responder con rapidez a desafíos como el que plantea el presidente Bill Clinton a la CE, al imponer aranceles prohibitivos sobre los aceros planos y vetar la entrada en los mercados públicos federales norteamericanos de materiales y equipos para telecomunicaciones, informática, energía, agua y transportes.

La factura de la guerra comercial costará a las empresas españolas de telecomunicaciones unos 7.000 millones de pesetas, según, cálculos hechos a vuelapluma por el Ministerio de Industria y Comercio.

Todos, incluido el Consejo de Ministros de la CE de ayer, hacen llamamientos para la terminación de la Ronda Uruguay del GATT, que teóricamente debe producir enormes beneficios en las economías mundiales. En la práctica, asistimos al desencadenamiento de una guerra comercial, en la que la iniciativa corre a cargo de EE UU, y que no por casualidad coincide con la apertura del Mercado Único de 1993.

Los Doce discutieron ayer una propuesta de la Comisión Europea, que preside Jacques Delors, sobre nuevas armas comerciales imprescindibles para enfrentar los retos del Mercado único y para dar respuesta a las sanciones norteamericanas. La desaparición de las fronteras interiores comunitarias sin un acuerdo sobre política comercial ha creado un vacío jurídico en la cuestión de las cuotas de importación de países terceros que está propiciando el caos en la política comercial comunitaria.

En la actualidad, países como España han congelado todas las importaciones anteriormente so metidas a cuotas, mientras que otros, como Alemania, Reino Unido y Holanda se han decidido por liberalizar sin más las importaciones, ganándose ayer la reprimenda pública de la autoridad comercial común que es la Comisión Europea. Dinamarca e Italia se han cuidado de solicitar la aprobación de la Comisión cuando han importado productos antes contingentados de países terceros.

Los Doce necesitan decidir un sistema nuevo, más rápido y eficaz, de aprobación de sanciones antidumping y cláusulas de salvaguarda comercial, pero precisamente estos mismos países son los que paralizan la posibilidad de acuerdo alguno. Actualmente, la imposición de una sanción se produce a propuesta de la Comisión Europea y tras la aprobación de la mayoría cualificada de los Doce, lo que significa que tres países (los tres antes mencionados, por ejemplo) pueden paralizar cualquier represalia.

Invertir los términos

La Comisión propone invertir los términos del problema, y que se funcione en un régimen de mayorías algo más equilibradas: siete estados miembros podrán bloquear las propuestas de medidas antidumping y las medidas de salvaguarda para los, países con comercio de Estado, y bastará con seis votos en contra para que no pueda aprobarse una cláusula de salvaguarda cuando afecte a un país del GATT. Sin esta. mínima flexibilidad, los Doce no pueden resolver, ya no el vacío jurídico en torno a las cuotas, sino el hecho mucho más grave de la guerra comercial desencadenada por Washington. Pero, como era de prever, ayer no hubo tampoco la mayoría cualificada para aprobar las armas comerciales. A pesar de que se ha avanzado unos pocos milímetros desde el intento del pasado diciembre -como es que Dinamarca se sume al pelotón de los países partidarios de las nuevas armas-, alemanes, británicos, holandeses luxemburgueses siguen bloqueando y proporcionando la satisfacción a los Estados Unidos de ofrecer una Comunidad dividida. Formalmente, sin embargo, los Doce manifestaron su acuerdo en calificar las medidas norteamericanas de "no justificadas" y de "inaceptables", y repitieron la frase de rigor: "El Consejo se reserva todos sus derechos a seguir las acciones que considere necesarias".

Las últimas sanciones norteamericanas, que prohíben a las instituciones y agencias federales norteamericanas la compra, con efectos a partir del 22 de marzo, de productos de telecomunicaciones, informática, producción de energía, agua y transporte, son, según Washington, la respuesta a una directiva de la CE que restringe el mercado europeo a las compañías estadounidenses. Pero el comisario de Comercio Exterior, Leon Brittan, se encargó ayer de recordar la multiplicidad de normas que cierran el mercado de EE UU a Europa, empezando por la llamada Buy American Act, que da preferencias en las ofertas de precios para mercados públicos a las firmas norteamericanas en una proporción muy superior a la norma comunitaria sobre mercados públicos de los Doce.

Brittan, con todo el apoyo explícitamente otorgado por los Doce, se trasladará el día 11 a Washington para iniciar conversaciones con los nuevos responsables de Comercio Exterior norteamericanos. El Consejo de Ministros también le renovó el mandato de negociación para conseguir "un acuerdo global, sustancial y equilibrado" en la Ronda Uruguay del GATT.