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El Tribunal Superior pide a Leguina todos los datos del 'caso Atocha'

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido investigar la denuncia pública del PP por las "irregularidades" descubiertas en las adjudicaciones de obras de la Comunidad a la empresa Construcciones Atocha y a sus firmas afines, según fuentes próximas al caso. El fiscal jefe de Madrid, que ya poseía información de la causa, ha reclamado al Gobierno de Joaquín Leguina que le remita toda la documentación sobre contrataciones de esta firma.

El fiscal jefe de Madrid ha decidido también nombrar un fiscal especial para este asunto y según fuentes próximas al caso y citadas por la agencia Efe puede ser Manuel Moix.

El caso Atocha surgió por una denuncia, el pasado 10 de diciembre, efectuada por el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón: irregularidades, falsedades y trato de favor en las contrataciones a nombre de Construcciones Atocha y empresas afines. Entre 1988 y 1992, la Comunidad adjudicó a Construcciones Atocha obras por cerca de 3.000 millones de pesetas. La denuncia del PP consiguió que todos los grupos políticos de la Comunidad, incluidos el PSOE e Izquierda Unida, creasen una comisión investigadora.

Por otro lado, los propios grupos del PSOE e Izquierda Unida invitaron al Partido Popular a enviar al fiscal sus conclusiones, lo que hizo el Grupo Popular al día siguiente. Ruiz Gallardón remitió la documentación del caso al fiscal general del Estado, Eligio Hernández, quien, a su vez, envió los datos al fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Durante todo el día de hoy se reanudarán los trabajos de la comisión de la Asamblea de Madrid que investiga estas contrataciones de obras. Los altos cargos del Gobierno de Leguina empezaron a comparecer la tercera semana de enero en un ambiente de crispación.

En las comparecencias están convocados, entre otros, el ex jefe del servicio de proyectos y obras de la Consejería de Cooperación Vicente Martínez Castello, uno de los hombres aludidos por el PP en sus denuncias públicas. Este funcionario, que sigue adscrito a la consejería, recomendó en un informe oficial que se invitase a participar en expedientes de adjudicación de obras a las constructoras Atocha, Coydecosa y Gemesa, tres empresas con los mismos gestores. También deberá comparecer el técnico aparejador de la obra del laboratorio de sanidad animal de la localidad de Algete, Alberto Bello.

Acopio de material

En este último caso, la empresa Gemesa (vinculada a Atocha), que obtuvo la contratación de la obra, presentó 24 horas después de la adjudicación una certificación de acopio de material por valor de 72 millones, acopios que fueron abonados que no han sido probados en su totalidad.

Tambien comparecerán hoy responsables de la construcción del centro agropecuario de Colmenar Viejo y del polideportivo de Parla, dos obras que han sido objeto de críticas por parte del PP por las "irregularidades" en su contratación, según su denuncia.

La comisión de investigación parlamentaria, que tiene carácter secreto (por decisión del PSOE e IU, y en contra de la opinión del PP), ha pedido igualmente las comparecencias de los consejeros de Cooperación, Virgilio Cano; de Salud, Pedro Sabando, y de Educación y Cultura, Jaime Lissavetzky, aunque rechazó por mayoría la comparecencia del presidente Joaquín Leguina, que había sido solicitada por el Partido Popular.

La comisión -integrada por dos parlamentarios de cada uno de los tres partidos, PP, PSOE e IU- ha hallado tres documentos, suscritos por funcionarios públicos, "visiblemente manipulados, según fuentes parlamentarias. Los documentos, de las consejerías de Cooperación y de Educación y Cultura, certifican actuaciones de la Administración en fechas distintas de las que se produjeron.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 1 de febrero de 1993